Jueces de todo el país cuestionaron al gobierno por hostigar a la jueza que liberó a los detenidos del Congreso

09:38 | Lunes 17 de Marzo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La jueza, el miércoles pasado, ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.

Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.

Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de "jueza de la Cámpora", algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.

"Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial", señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.

Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.

El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: "Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia".

"Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso", dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.