Un exconvicto y abogados de cárteles están entre los candidatos judiciales de México

Personas señaladas de conexiones con cárteles y de delitos graves figuran en las boletas de las primeras elecciones judiciales que se celebran en México este domingo, lo que aviva el temor a que el crimen organizado pueda ejercer su influencia en la votación.

Uno pasó más de cinco años en una prisión estadounidense por intentar contrabandear metanfetamina.

Otro se vio envuelto en un escándalo que involucró a periodistas asesinados a tiros.

Al menos cuatro se han enfrentado a investigaciones por delitos como abusos sexuales o delincuencia organizada.

Estos son solo algunos de los candidatos que compiten por cargos de jueces y magistrados en las primeras elecciones judiciales de México, que se celebrarán el domingo y que están llamadas a transformar el poder judicial del país, incluida la Suprema Corte de Justicia.

La reforma ha abierto la puerta a más de 7000 candidatos, cambiando el poder judicial de un sistema basado en nombramientos a otro en el que los votantes eligen a los jueces y existen pocos requisitos para presentarse.

Cambio

Los cambios fueron impulsados el año pasado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, y respaldados por su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Han argumentado que la medida infundiría más independencia al poder judicial, erradicaría la corrupción y, al permitir que los ciudadanos seleccionen a los jueces, democratizaría el poder judicial.

Sin embargo, algunos críticos y expertos jurídicos dijeron que, por el contrario, la medida podría erosionar la independencia judicial y ampliar la influencia del partido gobernante, Morena.

Afirmaron que la elección para cubrir 2681 puestos judiciales corre el riesgo de convertir los tribunales en un órgano politizado definido por la popularidad, no por la experiencia jurídica, y más vulnerable a la influencia externa.

Los grupos criminales ya se han infiltrado en los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad y los sectores de la economía en amplias franjas de México.

El hecho de que aparezcan en las boletas candidatos acusados de vínculos delictivos ha alimentado aún más el temor de que el crimen organizado haya encontrado formas de “garantizar que sus tentáculos lleguen hasta el sistema judicial”, dijo Amrit Singh, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, quien ha analizado el experimento mexicano.

“Es muy fácil imaginar una situación en la que el crimen organizado llegue a influir en las elecciones, directa o indirectamente, y en los votos que reciba un juez”.

Los dirigentes de Morena han restado importancia públicamente a los riesgos, calificando la presencia de algunos candidatos de simples “errores humanos”.

Sheinbaum también ha desestimado las preocupaciones y ha defendido el sistema.

“Todo proceso es perfectible, todo. Pero desde nuestra perspectiva es mejor que se haga de esta manera a lo que teníamos antes o lo que tenemos hoy todavía, en donde hay nepotismo, corrupción”, dijo el mes pasado.

“Estamos hablando de un porcentaje ínfimo, minúsculo, de todos los candidatos que pasaron por el proceso de investigación”.

Sin embargo, incluso miembros del partido de Sheinbaum han intentado bloquear a algunos candidatos.

“Se nos fueron algunos casos”, dijo a la prensa en abril Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado mexicano y miembro de Morena.

“No deberían participar. No cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.

Pruebas

Con el antiguo sistema, para ser nombrado magistrado, un candidato debía ser ascendido internamente sobre la base de exámenes, formación y evaluaciones de rendimiento.

Las normas estaban diseñadas para garantizar candidatos cualificados, pero no evitaron problemas como la corrupción.

Para presentarse a las elecciones del domingo, los candidatos debían cumplir unos requisitos básicos:

ser licenciado en derecho, tener cierta experiencia profesional y carecer de antecedentes penales.

Luego eran evaluados por comités de selección, grupos de expertos reunidos por cada rama del gobierno y encargados de identificar a los candidatos más cualificados.

No está claro cómo llegaron a las boletas algunas personas que no parecían cumplir los criterios, y partidarios de la elección han reconocido que se colaron candidatos dudosos.

En cartas vistas por The New York Times, los presidentes de ambas cámaras del Congreso —donde Morena tiene supermayorías— pidieron a la autoridad electoral del país que excluyera a 18 candidatos que, según dijeron, no cumplían el requisito constitucional de tener “buena reputación”.

La fiscalía general ha investigado al menos a cuatro de los candidatos por delitos como abuso sexual o delincuencia organizada, según las cartas, que se enviaron a principios de mayo.

Dos más habían trabajado como abogados defensores de miembros de cárteles.

El resto eran sospechosos de estar implicados con grupos criminales o de haberlos favorecido de algún modo.

“De no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional”, decían las cartas.

Pero según las nuevas normas, el Instituto Nacional Electoral, institución que organiza las elecciones y supervisa la votación, solo puede revisar e inhabilitar a los candidatos después de la jornada electoral.

El instituto evaluará los perfiles del candidato que reciba más votos en cada contienda.

Factores como tener antecedentes penales, ser un delincuente sexual registrado, ser buscado por un delito o tener antecedentes de violencia doméstica podrían descalificar a algunos candidatos, lo que podría llevar a su destitución.

“Claro, nos escandaliza que alguien defendió a narcotraficantes”, dijo Norma Irene de la Cruz Magaña, miembro del consejo de gobierno del instituto.

“Pero, o sea, ¿es suficiente para descalificar? No lo sé”.

Fernando Escamilla, candidato de 32 años a juez penal estatal en el norteño estado de Nuevo León, ofreció en su momento servicios jurídicos a Miguel Ángel Treviño, líder notoriamente brutal del cártel de los Zetas, y a Eleazar Medina-Rojas, otro miembro de alto rango del mismo cártel.

Escamilla ha reconocido haber trabajado para Medina-Rojas.

Pero dijo en una entrevista que en el caso de Treviño, quien fue capturado en México en 2013 y se cree que es responsable de los asesinatos de decenas de personas, se limitó a proporcionar asesoramiento jurídico sobre las leyes de extradición al equipo de la defensa.

Inhabilitarlo por este motivo, dijo Escamilla, sería “injusto” y “discriminatorio para el libre ejercicio de la profesión legal”, y añadió que todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho a una defensa legal adecuada.

“Es como un doctor”, dijo.

“Cuando los pacientes llegan a urgencias, no les pregunta a qué se dedican antes de darles la atención, solo los atiende y ya”.

Francisco Herrera Franco, ex fiscal de una región del estado de Michoacán, renunció a ese cargo tras salir a la luz una grabación en la que parecía aconsejar a un hombre, acusado de ser el líder de un cártel, sobre cómo manipular los cargos relacionados con un asesinato.

Ha negado que la voz de la grabación sea la suya, y no se enfrenta a cargos penales.

También estaba implicado en el caso de dos periodistas que habían reportado sobre acusaciones de corrupción en su contra y que posteriormente aparecieron muertos a tiros.

Uno de esos periodistas había presentado una denuncia contra Herrera Franco y otros funcionarios del estado, afirmando que había recibido amenazas de muerte y que temía por su vida, según documentos oficiales.

Herrera Franco ha negado cualquier implicación en los casos.

Ahora Herrera Franco se presenta como candidato a juez de lo penal en Michoacán.

Diferencias

A diferencia de Estados Unidos, donde los abogados deben seguir estrictos códigos de conducta o se enfrentan a la inhabilitación, los colegios de abogados de México apenas supervisan a sus miembros.

Aunque muchos abogados que representan a personas con vínculos delictivos actúan dentro de los límites legales, otros sirven como intermediarios clave entre los cárteles y los líderes empresariales o los funcionarios corruptos, e incluso ayudan a coordinar las operaciones ilegales.

Otros candidatos son controvertidos por razones no relacionadas con el asesoramiento a cárteles.

En 2015, Leopoldo Javier Chávez Vargas fue detenido en Laredo, Texas, por intentar introducir de contrabando en Estados Unidos casi dos kilos de metanfetamina y cumplió casi seis años de condena en una prisión federal.

Ahora es candidato a un puesto de juez federal en el estado de Durango.

En una entrevista, Chávez Vargas dijo que su historia es “de transformación, no de repetición”.

“No evado mi pasado”, dijo, y añadió que su experiencia le permite “entender mejor” los fallos del sistema y del efecto que tiene en las personas.

“He asumido plenamente las consecuencias”.

Jesús Humberto Padilla Briones, quien aspira a ser elegido juez de lo penal en Nuevo León, fue detenido en 2023 acusado de traficar con 15 bolsas de metanfetamina y de portar ilegalmente un arma, según documentos judiciales.

Posteriormente fue puesto en libertad condicional, y no respondió a las solicitudes de comentarios.

El problema en muchos de estos casos, según los expertos y los defensores de los derechos, se reduce a unos métodos de evaluación inadecuados y diseñados apresuradamente.

“Parecería que ni siquiera googlearon a algunos de estos candidatos”, dijo Miguel Alfonso Meza, activista anticorrupción y director de Defensorxs, un grupo de vigilancia mexicano.

Los funcionarios encargados de la selección han defendido su trabajo, afirmando que solicitaron antecedentes penales y comprobaciones de los antecedentes de los candidatos.

“Fuimos exhaustivos para lograr toda esta información”, dijo Andrés García Repper, quien participó en un comité de evaluación y ahora es candidato en el estado de Tamaulipas.

“Si se llegan a filtrar dos casos de entre más de 12.000, bueno, pues eso habla justamente del porcentaje de efectividad del trabajo del comité”.

El comité de García Repper aprobó las candidaturas de al menos cuatro hombres acusados de delitos graves, entre ellos Chávez Vargas y Padilla Briones.

“El problema no está en los hechos que ya sabemos sobre estos candidatos ‘problemáticos’”, dijo Alberto Zinser, uno de los abogados penalistas más destacados de México.

“Está en lo que no sabemos sobre los miles de candidatos que vamos a salir a votar”.