“Demorar, interferir, socavar”: la investigación acusa a Bukele de frenar extradiciones de la MS 13

14:45 | Jueves 12 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Según la indagación de ProPublica y agencias estadounidenses, desde 2021 el Ejecutivo salvadoreño —tras una purga en la Fiscalía y la Corte Suprema— bloqueó sistemáticamente los pedidos de extradición de líderes de la pandilla MS‑13 hacia Estados Unidos. Esta maniobra implicaría, además, negociaciones encubiertas entre Bukele y los cabecillas criminales: ofrecieron reducciones de homicidios y apoyo político a cambio de beneficios en prisión y la protección ante pedidos internacionales.

El pacto se habría gestado con la complicidad de altas autoridades, incluidos el fiscal general Rodolfo Delgado, y funcionarios como Osiris Luna y Carlos Marroquín, quienes según documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. habrían coordinado beneficios carcelarios y bloqueos judiciales para impedir extradiciones. Incluso se habla de fondos desviados de ayuda estadounidense y colaboraciones para facilitar fugas de pandilleros.

Las consecuencias diplomáticas han sido severas: las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos se tensaron, pues mientras Washington mantenía operativos como la Joint Task Force Vulcan —creada para capturar a líderes de la MS‑13—, el gobierno salvadoreño iba frenando esas extradiciones.

Bukele ha negado cualquier acuerdo con la pandilla, asegurando en redes sociales que la devolución de MS‑13 a cárceles salvadoreñas fortalecería la inteligencia local y permitiría desmantelar las redes criminales. Sin embargo, los documentos del Departamento de Justicia y testimonios internos pintan un panorama distinto: señalan que los pedidos de extradición fueron demorados, interferidos o directamente rechazados por decisiones que favorecían a los implicados.

Además, el gobierno de Donald Trump utilizó deportaciones de pandilleros, como César “Greñas” López Larios, hacia El Salvador, presuntamente para ocultar pruebas sobre estos acuerdos secretos, lo que ha levantado críticas sobre el encubrimiento de información clave.

El caso fundamental gira en torno a si existió un acuerdo estratégico entre el Estado y criminales para bajar los homicidios, posiblemente a cambio de influir en resultados electorales —la pandilla habría respaldado al partido de Bukele, Nuevas Ideas— lo que configuraría un intento de socavar la justicia y manipular la violencia con fines políticos.

La administración de Bukele ha respondido con silencio oficial y negaciones, pero las evidencias norteamericanas revelan un escenario alarmante de posible colusión entre el poder político y estructuras criminales. Este escándalo plantea serias preguntas sobre el futuro de la cooperación judicial entre ambos países y pone bajo la lupa el uso de la fuerza y la ley en El Salvador.