16:21 | Viernes 04 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El próximo martes 8 de julio finalizan las facultades delegadas que el Gobierno logró, tras la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. Desde la Casa Rosada, en el equipo de Federico Sturzenegger, desestiman que se vuelvan a pedir, por lo que se aceleran una serie de reformas y otras desregulaciones previstas para anunciar ese mismo martes por parte del vocero Manuel Adorni.
Los decretos están elaborándose en estas horas e involucran la tarea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.
La mayoría de las medidas previstas ya son conocidas, aunque venían demoradas. Por un lado, se pretende modificar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se espera un inminente decreto donde confirme que ambos organismos descentralizados del Ministerio de Economía pasen a la órbita de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente, dejando atrás su autarquía.
Este traspaso implicará que ambas áreas sufran un fuerte ajuste en el presupuesto, con despidos y desprendimiento de patrimonio en distintos puntos del país.
Además, en el caso del INTA, el Gobierno buscará reestructurar el actual organigrama del consejo directivo, quitándole influencia a los representantes de las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, apuntaron desde el sector agropecuario. Acerca del INTI, se convertirá en una “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.
“El kirchnerismo hizo crecer tanto al Estado, con un montón de organismos que se llaman descentralizados, como la Anmat y el INTA. El organismo descentralizado puede cobrar, y cuando puede cobrar es una caja. Es una manera de crear una repartición del Estado con una caja, porque si sos parte de la administración pública no cobrás .Y si sos un organismo descentralizado tenés la potestad de cobrar. Esos organismos, a su vez, al poder hacer caja empezaron a crear trámites para cobrar, y generar caja para recaudar. Lo que vamos a hacer es volver esos organismos a la administración central”, comentó en los últimos días el ministro desregulador, de quien se desconoce si seguirá en ese cargo o si tendrá un rol activo en la campaña.
Cambios en los entes reguladores de energía y posible reforma en Vialidad Nacional
Enargas
Enargas
Por otro lado, el Gobierno trabaja en la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Se llamará el Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad y estará bajo la órbita de la Secretaría de Energía, área que también depende del Ministerio de Economía.
Esta fusión fue propuesta en 2024, en el marco de la ley Bases (artículo 161°), pero no prosperó. A su vez, estaba en vigencia la emergencia energética y el debate interno en el Gobierno sobre cómo afrontar el ajuste en las tarifas y el esquema de subsidios para hogares e industrias. Este nuevo ente contará con una absoluta injerencia por parte del Estado nacional.
Por otro lado, la gestión libertaria trabaja hace tiempo en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. También prevé desguazar la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. La mayoría de estas áreas serán absorbidas por otras reparticiones dentro de la Secretaría de Transporte, como así también la posibilidad de que Gendarmería asuma las responsabilidades en los controles de tránsito que corresponden a la jurisdicción nacional.
La reforma en Vialidad significará una reestructuración de toda su estructura, modificando su presupuesto y derivando en la creación de la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, donde se unificarán todas las responsabilidades en la fiscalización y control para los contratos de concesión. También estará bajo el control del ministro Luis Caputo.
Este anuncio se enmarcará también en el planteo que realiza la Casa Rosada con los gobernadores, a quienes les quieren traspasar obras nacionales, pero sin los fondos correspondientes. Las provincias aseguran que “se vive una situación límite” con las rutas nacionales, donde afirman que “no hay ningún tipo de mantenimiento y eso provoca que se multipliquen las víctimas viales”.
