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El fiscal general Mario Villar avaló la prisión domiciliaria de la ex presidenta, pero solicitó que se cumpla en una residencia distinta a la actual.
Lunes 07 de Julio de 2025
13:06 | Lunes 07 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Durante una audiencia ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general Mario Villar se pronunció sobre las condiciones en las que Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Si bien descartó el pedido de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola de trasladarla a una cárcel común, solicitó que la ex mandataria continúe bajo arresto domiciliario en un domicilio diferente al actual, ubicado en la calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución.
Villar argumentó que, aunque en su momento no existían elementos suficientes para justificar la morigeración de la pena, actualmente no se han verificado incumplimientos por parte de la condenada que ameriten revertir el beneficio otorgado. No obstante, consideró que el cambio de domicilio es necesario para garantizar condiciones adecuadas de cumplimiento y seguridad.
En cuanto al uso de la tobillera electrónica, el fiscal sostuvo que su retiro no corresponde en esta etapa, dado que no se ha producido el informe técnico requerido por la Ley 24.660 para exceptuar su utilización. La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, había solicitado su remoción alegando que la custodia permanente que posee Cristina Kirchner hace innecesario el dispositivo.
Otro punto debatido fue el régimen de visitas. El Tribunal Oral Federal 2 había impuesto restricciones que limitan el ingreso al domicilio a familiares, abogados, médicos y custodios, sin autorización judicial previa. La defensa solicitó flexibilizar estas condiciones, argumentando que afectan el derecho de la ex mandataria a mantener una vida social y familiar plena.
La decisión final sobre estos planteos quedará en manos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes integran la Sala IV de Casación. El tribunal tiene un plazo de cinco días hábiles para resolver, aunque se espera una definición en el transcurso de la semana.
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