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La jefa del área de DNI del Registro Civil de Pocito fue arrestada junto a tres hombres acusados de integrar una banda delictiva. La investigación involucra fraudes por más de 11 millones de pesos.
Viernes 11 de Julio de 2025
11:04 | Viernes 11 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Justicia Federal de San Juan ordenó la detención de Natalia Castillo, empleada estatal a cargo del área de DNI en el Registro Civil del departamento Pocito, por su presunta participación en una organización dedicada a la falsificación de documentos públicos y estafas financieras. La medida fue dispuesta por el fiscal Fernando Alcaraz, quien investiga una causa que ya cuenta con cuatro imputados y que involucra maniobras fraudulentas por más de 11 millones de pesos.
Además de Castillo, fueron detenidos Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide —con antecedentes penales y bajo arresto domiciliario—, su hijo Rodrigo Navarro Pozo y Marcos Esteban Vallejo. La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de Tandil, provincia de Buenos Aires, quien descubrió que su identidad había sido usurpada para solicitar créditos en San Juan. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) confirmó que su DNI había sido renovado en Pocito, pero con la fotografía de otra persona.
Peritajes de reconocimiento facial permitieron identificar al receptor del documento como Vallejo, domiciliado en Chimbas. A partir de este hallazgo, se detectaron transferencias bancarias entre los implicados y se estableció la hipótesis de una banda organizada, en la que Castillo habría facilitado el acceso a bases de datos y la impresión de documentos apócrifos.
Durante los allanamientos, se incautaron 162 DNI en el domicilio de Castillo, actualmente bajo análisis para determinar su autenticidad. El juez de garantías Leopoldo Rago Gallo dictó prisión preventiva para la funcionaria en el penal de Chimbas y autorizó la excarcelación de dos de los imputados bajo cauciones millonarias. La causa continúa en etapa investigativa, con un plazo de 120 días para reunir pruebas y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.
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