La Corte Suprema ratifica impuesto al tabaco y ARCA reclama deuda millonaria a Tabacalera Sarandí

13:00 | Viernes 15 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que el impuesto mínimo aplicado al sector tabacalero es constitucional, desestimando los planteos presentados por Tabacalera Sarandí, empresa dirigida por Pablo Otero. Este fallo pone fin a una prolongada disputa judicial iniciada en 2018, cuando la compañía comenzó a litigar contra la reforma fiscal que elevó en un 70% los impuestos internos al tabaco.

El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, sostuvo que la definición de tributos es competencia exclusiva del Congreso y que el Poder Judicial no debe intervenir en la evaluación de sus impactos económicos. Además, destacó el carácter “extrafiscal” del impuesto, orientado a reducir el consumo de cigarrillos por razones de salud pública, en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En consecuencia, la Asociación de Revisores de Cuentas de Argentina (ARCA) se prepara para reclamar el pago de una deuda que supera los 1.000 millones de dólares, acumulada por Tabacalera Sarandí al no abonar el tributo desde la sanción de la ley en 2018. El fallo también rechazó una reciente maniobra de la empresa, que intentó desistir del proceso judicial alegando haberse acogido a un régimen de regularización, sin presentar la documentación correspondiente.

Durante años, Otero logró evitar el pago del impuesto mediante medidas cautelares otorgadas por el juez Enrique Lavié Picó, quien incluso declaró inconstitucional la norma. Sin embargo, la Corte revocó ese criterio, afirmando que los argumentos presentados por la empresa carecen de sustento fáctico y jurídico consistente.

El caso ha generado fuerte repercusión en el ámbito político y económico, dado que Tabacalera Sarandí pasó de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023, consolidando su posición gracias a precios más bajos derivados de no tributar el impuesto mínimo. Con esta decisión, se abre una nueva etapa en la fiscalización del sector tabacalero, y se refuerza el principio de equidad tributaria en el marco de las políticas públicas de salud.