Ley de discapacidad: los números que ahogan al sector y la última esperanza que guarda el Congreso

El ahogo que denuncia el sector de discapacidad no es nuevo, se acarrea desde gestiones pasadas. Y pese a que la inflación ha ido desacelerando, la falta de actualizaciones para las prestadoras de servicios las sumió en una crisis casi irrecuperable. Toda la fe está puesta en la Ley 27.793 recientemente vetada y próximamente tratada en el Congreso.

Distintos empleados y beneficiarios de estos servicios coinciden en que jamás se tuvo en cuenta las necesidades del colectivo: el desfasaje es histórico, se acentuó en la pandemia y esta nueva gestión lo intensificó. Para llevarlo a números: estiman que más de 150.000 puestos de trabajo están en riesgo; además, a mediados del 2024, habría quebrado casi el 50% de los transportistas que aún quedaban en pie.

La Cámara de Diputados de la Nación lanzó un proyecto este año que declaraba la emergencia en el sector por un período de tiempo. El Senado finalmente aprobó esta iniciativa hasta diciembre del 2026, con posibilidad de prorrogarlo una vez más. El Gobierno después la vetó y el próximo miércoles 20 de agosto se determinará si el veto queda firme o la norma aún tiene futuro.

Será la Cámara baja la que recibirá primero esta ley vetada el próximo miércoles -por haber sido su creadora-, y de rechazar la medida del Gobierno, irá luego a la Cámara alta para sellar su destino. Distintos diputados de la oposición explicaron a este medio que los otros vetos a tratar (jubilaciones, moratoria y emergencia en Bahía Blanca) difícilmente caigan, pero hay esperanzas de salvar esta ley que reza por el sector de discapacidad.

Cabe recordar que en Diputados, la iniciativa fue aprobada este año con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones (se opuso la totalidad de La Libertad Avanza, casi todo el PRO y los radicales más afines al oficialismo). En el Senado la votación fue unánime: obtuvo 56 votos afirmativos, 0 en contra y 0 abstenciones, gracias a que el bloque libertario se levantó de sus asientos y se retiró del recinto.

Ley de emergencia en discapacidad: el costo fiscal y su propuesta

Esta norma, repudiada por el Gobierno nacional, en primer lugar plantea el financiamiento estatal para el pago de Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC), que equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio. También la actualización automática de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

Asimismo, propone una compensación de emergencia por desfase inflacionario, la regularización de deudas fiscales y de seguridad social de los prestadores, el mantenimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y también el sostenimiento de ciertos niveles de transparencia y rendición de cuentas.

En Casa Rosada, sin embargo, no existen motivaciones para que esta ley se ponga en marcha y se cumpla con ninguno de estos puntos. De hecho, la Andis fue declarada autárquica tiempo atrás y ya no depende de la Secretaría de Salud. Distintos trabajadores y representantes del área denuncian que sus autoridades nunca se comunicaron con ellos ni respondieron a sus reclamos.

El diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, es el autor del proyecto de Emergencia en Discapacidad.

El principal fundamento para tirar abajo esta ley es que afecta el ambicioso programa de déficit cero de Nación. En base al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley 27.793 tendría un costo fiscal estimado de entre $2 y $4 billones por nuevas pensiones por discapacidad, más $12.600 millones por incentivos a la contratación, $278.323 millones para compensar a prestadores, y $7.160 millones para actualizar asignaciones de Talleres Protegidos. En total, impactaría entre 0,28% y 0,51% del PBI.

No obstante, el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que se debe "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente". Argentina ratificó a dicha convención y tiene jerarquía constitucional desde 2014.

Entre las consecuencias que se ven sobre los beneficiarios de estos servicios está el deterioro en la calidad de vida: sin sus terapias, empeora su desarrollo e incrementa su discapacidad. Además, especialistas denuncian que también hay un impacto en su salud mental a mediano plazo.

El aumento a las prestadoras de discapacidad vs inflación

El Foro nacional de Discapacidad aseguró que hasta enero del 2025, se registró un atraso en los valores de los aranceles prestacionales de más del 64%. Unos 150.000 puestos de trabajo se encuentran en riesgo y 200.000 personas con discapacidad pueden perder sus prestaciones.

A lo largo de 2024, con el nomenclador de servicios de discapacidad -aquel que determina el precio de dichos servicios- ya atrasado, el Gobierno de Javier Milei otorgó algunos incrementos para intentar sostener dicha área. Algunos alcanzaban e incluso superaban el registro inflacionario de ese mes, pero otros quedaban atrás.

Los aumentos mensuales a los servicios de discapacidad contra la inflación, de enero del 2024 a julio del 2025.

MDZ / Noelia Fernández

La última actualización que el nomenclador percibió fue en diciembre del año pasado, del 0,5%, frente a una inflación del 2,7%. Desde entonces, no se ha aumentado más el servicio de las prestadoras. El colapso, según denuncian, parece casi inevitable a estas alturas, por lo que todas las esperanzas descansan en esta Ley.

Como ya se explicó, el primer lugar donde aterrizará este veto será en Diputados el próximo miércoles 20. Fue en este recinto donde la iniciativa se aprobó semanas atrás con 149 votos a favor; es decir, se trató del proyecto con más apoyo entre las leyes que vetó Milei este 2025.

Uno por uno, cómo votó cada bloque de Diputados la Ley de discapacidad

Dentro de los 98 miembros que tiene Unión por la Patria, 92 votaron en favor y seis se ausentaron. Se suma su ahora ex miembro Roberto Mirabella, del bloque Defendamos Santa Fe, que también acompañó la iniciativa.

Al otro lado de la mesa se posicionan los libertarios que, en sintonía con el Gobierno, se opusieron. De los 41, 36 rechazaron la propuesta parlamentaria y cinco se ausentaron, como la diputada Marcela Pagano. Luego está el macrismo, que acompañó bastante las intenciones del oficalismo.

Del PRO sólo votó a favor Héctor Baldassi. En contra hubo 31, se abstuvo uno solo y se ausentaron seis diputados, entre ellos la recién electa candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato, quien tras la caída de Ficha Limpia y los resultados de las elecciones en CABA se ha enemistado con el Gobierno.

Diputados tratará el veto en discapacidad el próximo miércoles 20 de agosto.

NA

Entre aquellos que estaban en la UCR, apoyaron el proyecto 12, se contrapusieron cuatro y se ausentaron otros cuatro más. Cabe destacar que de los que ocho rechazaron y se ausentaron, están los hoy llamados "radicales con peluca" que formaron su propio bloque: Liga del Interior ELI.

Otro bloque que se marginó de la UCR (en octubre del 2024) es Democracia para Siempre, un radicalismo que se niega a dialogar con el libertarismo e impulsa bastante esta ley vetada. Este equipo brindó nueve votos a favor y tres ausentes.

Encuentro Federal otorgó 11 luces verdes, dos abstenciones y tres ausentes. Los seis miembros de la Coalición Cívica apoyaron la iniciativa. Los cinco de la izquierda también acompañaron el proyecto. De Innovación Federal, hubo dos que votaron a favor y los otros seis no dieron el presente.

Finalmente, de los 10 que sobran, nueve apoyaron esta ley y una diputada se ausentó, que es María de los Ángeles Moreno. Destaca el voto de Lourdes Arrieta, la mendocina marginada de La Libertad Avanza que defendió la iniciativa.

Es posible que todos estos bloques mantengan sus votos, con más o menos ausencias entre medio. Desde la Liga del Interior ELI mencionaron a este medio que sus seis miembros ratificarán el veto, aunque pedirán "algún gesto" al Gobierno con las prestaciones, entendiendo que la situación atravesada es insostenible.

Las expectativas y esperanzas están puestas en la Cámara de Diputados. Ese miércoles 20 de agosto, pero a las 11, el sector de discapacidad desplegará una masiva marcha frente al Congreso para presionar a los legisladores y que se escuche de una vez su histórico reclamo, mientras ponen en juego el futuro de esta norma.