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El juez federal Alberto Recondo falló a favor del Presidente en una causa por un posteo en redes sociales. El abogado de Ian Moche, joven con autismo, denunció que la sentencia otorga al mandatario libertad absoluta de expresión sin control judicial.
Martes 19 de Agosto de 2025
12:55 | Martes 19 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, rechazó este lunes la demanda presentada por la familia de Ian Moche, un joven influencer con autismo, que solicitaba la eliminación de un posteo en la red social X (ex Twitter) realizado por el presidente Javier Milei. En dicho mensaje, el mandatario vinculaba al menor con el kirchnerismo, lo que generó una fuerte reacción pública y el inicio de acciones legales por parte de sus representantes.
El fallo judicial sostiene que la cuenta @JMilei, desde la cual se emitió el mensaje, no constituye un canal oficial de comunicación del Estado Nacional ni del Poder Ejecutivo, sino que se trata de una cuenta personal. En consecuencia, el magistrado consideró que Milei actuó como ciudadano común y no como funcionario público, por lo que no corresponde aplicar restricciones judiciales a su libertad de expresión.
Andrés Gil Domínguez, abogado de Moche, cuestionó duramente la resolución y calificó al juez Recondo como una “máquina de rechazar” planteos que comprometen al Presidente. “El juez le ha otorgado al Presidente de la Nación la impunidad de palabra”, afirmó el letrado, advirtiendo que el fallo no solo afecta los derechos de Ian Moche, sino que tiene implicancias para toda la ciudadanía.
Según Gil Domínguez, la sentencia establece un precedente peligroso al permitir que el jefe de Estado pueda emitir declaraciones públicas sin posibilidad de control judicial, incluso cuando estas afecten derechos individuales. “Estamos hablando de los límites a la función del Presidente en términos de su posición pública y afectando derechos de particulares”, señaló.
El abogado anticipó que apelará el fallo, al que calificó como “arbitrario” y “un claro ejemplo de justicia militante”. La controversia gira en torno al equilibrio entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
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