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Grabaciones de seguridad muestran a Ariel García Furfaro ordenando autoclavar ampollas, falsificar firmas y borrar servidores. “Llevate esto, boludo”.
Viernes 26 de Septiembre de 2025
14:46 | Viernes 26 de Septiembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Videos de seguridad revelaron la trama de encubrimiento detrás de la peor tragedia sanitaria del país, mostrando cómo Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, ordenó personalmente destruir pruebas, falsificar registros y eliminar evidencia clave en el caso del fentanilo contaminado que causó 124 muertes. La información, que surge del expediente judicial, fue detallada en una investigación del periodista Andrés Klipphan para Infobae.
Las grabaciones, halladas en un allanamiento en la casa de un directivo, son una pieza central en el procesamiento con prisión preventiva y el embargo de un billón de pesos que el juez Ernesto Kreplak dictó contra García, su familia y directivos del laboratorio.
Las reuniones del encubrimiento, grabadas en video
Las reuniones clave ocurrieron el 17 y 18 de mayo, días después de que la justicia comenzara a investigar. En los videos, grabados en el domicilio del director general Javier Tchukrán, se ve a Ariel García, su hermano Diego y al propio Tchukrán diseñando la estrategia para ocultar todo. Las órdenes de García fueron explícitas:
"Tuve que firmar amenazado"
El plan de encubrimiento se completa con testimonios escalofriantes. Según supo Noticias Argentinas, el director técnico Antonio Maiorano declaró ante el juez que fue encerrado en una oficina para fraguar los documentos. "Tuve que firmar amenazado", aseguró el directivo, quien también fue procesado.
La investigación también reveló que un control de calidad interno había dado "positivo" a una contaminación, pero fue desestimado por la jefa del área, Adriana Iudica, como un "error de técnica". El juez Kreplak calificó el hecho como una "tragedia sanitaria", señalando a Ariel García como la "figura principal". Los procesados enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales seguida de muerte, con una expectativa de pena de hasta 25 años de prisión.
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