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Mapa de la Argentina Ilegal: 656 saladitas y 88.791 vendedores informales

En un comunicado de CAME, se informa sobre el crecimiento de la "ilegalidad comercial" en el país. La venta ilícita ascendió a $ 5.557 millones en agosto 2016. El dato corresponde a una muestra de 455 ciudades del país. Allí se encontraron 109 localidades con formatos comerciales tipo “saladitas” y un total de 88.791 puestos clandestinos.

Lunes 26 de Septiembre de 2016

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09:40 | Lunes 26 de Septiembre de 2016 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En medio de la recesión y la caída generalizada en las ventas minoristas, el comercio ilegal sigue expandiéndose en el país. En seis meses, la cantidad de vendedores irregulares creció 11,4 % aumentando la oferta de mercadería ilícita y generando un mayor desplazamiento del consumo desde el sector formal al informal.

Así surge del último relevamiento realizado por CAME en 455 ciudades de las 24 jurisdicciones. En agosto se detectaron un récord de 656 saladitas en 109 ciudades de la Argentina con 61.721 vendedores. Además, en las centenares urbes recorridas se encontraron 27.070 manteros, el 77,3 % de ellos ubicadas en las localidades con saladitas que, sumados a los vendedores de esos predios, dejan un total de 88.791 comerciantes informales en el país en sus diferentes modalidades.

Sobre esas cifras, se estima que la venta ilegal al público alcanzó los $ 5.557 millones en agosto y rondará los $ 66.700 millones en todo 2016.

El crecimiento del comercio clandestino de los últimos seis meses se debe a tres factores. Por un lado, a la falta de controles que da lugar a que ese fenómeno se expanda. El segundo, al aumento en la cantidad de gente que buscando precios más accesibles cambia consumo formal por informal y alienta a incrementar la masa de vendedores irregulares, que al no pagar impuestos ni cumplir con normativas de seguridad o higiene, ofrecen valores más bajos. Y tercero, al mayor desempleo, que generó que más individuos encontraran en la venta indebida una vía de supervivencia.

Sin embargo, más allá de la emergencia, preocupa el crecimiento descontrolado del formato saladitas, que frente a la vista de las autoridades se va instalando como un modelo de negocio. Esto, además de afectar al mercado formal, precariza las condiciones de producción, comercialización y empleo de la economía.

Frente al relevamiento anterior (febrero 2016), se detectaron 86 nuevas saladitas y 7.759 vendedores más. El crecimiento más fuerte de la venta ilegal en esos meses ocurrió en la cantidad de puesteros en ferias, básicamente por las aperturas de nuevos predios.

 

Del mapa de la ilegalidad elaborado por CAME en agosto pasado se desprende que:

 

● En las 455 localidades recorridas se detectaron 88.791 vendedores ilegales de los cuales 61.721 fueron puestos en saladitas y 27.070 manteros en la vía pública.

● Esos 88.791 puestos vendieron $ 5.557 millones en el mes que, si se proyectan al año, arrojan ventas por $ 66.700 millones. El monto no solo significa un enorme perjuicio para el comercio formal, sino también para las arcas del Estado que, solo por IVA, se pierde de recaudar casi $ 14.000 millones al año.

● En 109 ciudades se encontraron formatos de venta tipo saladitas.

● Los puestos fijos en las 109 saladitas vendieron en promedio $ 3.777 millones al mes, mientras que los manteros de las 455 núcleos relevados vendieron $ 1.779 millones.

Como viene sucediendo en las últimas mediciones, el crecimiento en la cantidad de vendedores informales es bastante dispar. Mientras que el número de puestos en saladitas creció 13,7 % en seis meses (7.459 puestos más), el caudal de manteros creció solo 1,1 % (300 “tiendas” más). Dato adicional: la presencia de manteros en las ciudades sin saladitas bajó 2,6 % mientras que en las metrópolis con saladitas creció 2,3 %.

 

Concentración

 

La mayor cantidad de vendedores irregulares se continuó concentrando en las ciudades con saladitas. En agosto, mientras en las urbes con saladitas hubo un promedio de 758 mercaderes ilegales por ciudad, en las localidades relevadas que no tienen estas ferias el promedio fue de solo 18 comerciantes informales por ciudad.

Lo que se continúa observando en los relevamientos, es que la mayor parte de los manteros se concentra en las ciudades con saladitas. Así, de los 27.070 manteros relevados en agosto pasado, el 77,3 % se localizó en los 109 núcleos con saladitas y el 22,7 % en las restantes urbes encuestadas que, si bien no tienen estas ferias, sí manifiestan niveles de ilegalidades a través de esta clase de mercaderes y otros formatos de comercio indebido.

La diferencia en la cantidad de manteros en las ciudades sin saladitas y con estas deja en evidencia que las últimas suelen ser zonas liberadas para la instalación de manteros, ya que las regulaciones y controles son más relajados.

 

El reclamo por mayores controles

 

En el 79,4 % de las 455 ciudades relevadas, los centros comerciales, federaciones o cámaras de comercio e industria consultados sostuvieron que los controles a la venta informal son ‘insuficientes’ o ‘muy insuficientes’. Frente a la medición de febrero, más municipios consideraron que las supervisiones no alcanzan. Ese aumento se debe básicamente al crecimiento del comercio clandestino.

Una de las consecuencias de la crisis económica actual ha sido el crecimiento en la cantidad de vendedores ilegales, especialmente en las denominadas saladitas, donde la mayor apertura de esos predios “tienta”’ a muchos individuos a sumarse a esa forma precaria de empleo.

En agosto, el 79,4 % de las ciudades relevadas señalaron que los controles que se aplican en el municipio son insuficientes o muy insuficientes, incrementándose en 6,1 puntos porcentuales la cantidad de ciudades que responden de esa forma. Esa percepción ocurre no solo en las ciudades con saladitas, sino también en la mayoría de las que no tienen ese formato de venta, que se ven invadidas de manteros en la vía pública, vendedores ambulantes, venta domiciliaria, venta por redes sociales, entre otras modalidades.

Solo el 20,7 % de las ciudades relevadas sostienen que los controles que se aplican a la venta ilegal son suficientes o satisfactorios, generando condiciones de mercado más transparentes y saludables.

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