Exoneran a dos efectivos de la policía por un hecho ocurrido hace 20 años

11:51 | Miércoles 22 de Marzo de 2017 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El abogado defensor de los dos efectivos policiales, Emilio Pagotto, explicó con respecto a la causa, que se presentó una acción amparo ante el tribunal superior de justicia en contra de un decreto del poder ejecutivo provincial y que tiene que ver con dos efectivos exonerados de la fuerza, que es una sanción administrativa de las más graves que hace que pierdan el estado policial y no puedan acceder al beneficio jubilatorio”.

La sanción es por un hecho del año 1997 en un local bailable en Chilecito donde una persona se subió al escenario en un espectáculo público y de la sentencia surge que el cantante dio la orden a los efectivos policiales de que bajen a la persona. Cuando bajan al hombre, argumentan que la persona se cae de la escalera y esto le provoca una fractura de tabique.

Por ello, se inició un sumario administrativo a los fines de determinar la responsabilidad de los policías sin perjuicio de la acción penal porque los padres de la víctima hicieron denuncia penal. En el año 1999 la cámara del crimen de Chilecito decidió condenar penalmente a los efectivos por vejaciones en el acto de servicio, es decir lesiones leves agravadas por la condición de funcionarios públicos con una pena de 3 años y 3 meses de prisión que cumplieron en el servicio penitenciario. Al recuperar la libertad son puestos en situación pasiva mantuvieron esa condición hasta el 28 de febrero de este año cuando se los notifica que quedaron exonerados de la fuerza.

“Hoy lo que cuestionamos en el ámbito judicial, por lo que interpusimos la acción de amparo, es que entendemos que la administración ha violado derechos y garantías fundamentales en el ámbito del derecho constitucional como es el derecho a un proceso judicial con una demora razonable y el derecho al debido proceso adjetivo y sustancial”, expresó Pagotto y agregó que “la administración no puede demorar 20 años en aplicar una sanción administrativa, cuando la sede penal se expidió en el 99, no conocemos los fundamentos por los cuales la administración groseramente se demora 20 años en aplicar una sanción administrativa en un caso que no reviste mayor complejidad porque si un juez penal dijo que es responsable de un delito y la sentencia está firme obviamente corresponde una sanción administrativa per en un tiempo prudencial o razonable”.

En este sentido, explicó que lo que se busca es que se deje sin efecto el decreto y que los efectivos sean colocados en la misma situación que se encontraba antes del dictado del decreto. “Esto los colocó en una situación de inseguridad jurídica durante estos 20 años porque no sabían en que situación quedaban y un enorme perjuicio porque hicieron los aportes en el sistema previsional y hoy no pueden jubilarse porque la sanción es de las más graves, la ley administrativa provincial determina los plazos para ejercer la potestad disciplinaria y si no lo hace en ese tiempo, no puede perjudicar a los agentes”, concluyó.