El juez Bonadio hizo otro pedido de desafuero y detención para Julio De Vido

19:39 | Jueves 19 de Octubre de 2017 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El juez Claudio Bonadio procesó por "defraudación a la administración pública y administración fraudulenta" a Julio De Vido y a Roberto Baratta. La medida fue con prisión preventiva y es en la causa por irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado por los que se llegaron a pagar 15 mil millones de dólares con un desvío de fondos por más de 6.900 millones de dólares entre los años años 2008 y 2015. El embargo trabado fue de $ 1.000 millones para cada uno.

​El juez ordenó la inmediata detención del ex Subsecretario de Función y Control y se sumó al pedido de desafuero que ya tiene el ex ministro pedido en otra causa y que comenzará a tratarse la próxima semana. ​

En la causa se procesaron sin prisión preventiva a otras 23 personas, entre ellos ex ministro menemista y asesor de De Vido Roberto Dromi. Se les aplicó un embargo también, de $ 1.000 millones de pesos a cada uno.

En la causa que llevó adelante el fiscal Carlos Stornelli, se investigó la compra de los barcos de Gas Natural Licuado (GNL) que se importaron durante el gobierno kirchnerista para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar, Julio De Vido sumó un nuevo pedido de prisión preventiva.

​El juez Bonadio encontró a los 25 procesados, responsables de haber participado en una "maniobra defraudatoria" en el marco de la importación de GNL, durante los años 2008 a 2015, generando un perjuicio económico al Estado de 6.995.926.798 dólares. "Pues el precio por el que se abonó el GNL -dólar por millón de BTU- fue superior a los valores de mercado", indica la resolución de 269 páginas. 

El extenso listado de imputados que incluye al ex secretario de Energía Daniel Cameron y al ex asesor Roberto Dromi, desempeñaron sus respectivos cargos "formando parte del sistema creado por el Ministerio" que condujo De Vido durante doce años y que tuvo a cargo "el proceso de importación del GNL".

Fueron De Vido y Baratta quienes, según la resolución, "tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL".

A su vez quienes estuvieron a cargo de ENARSA -Espinosa y Fagyas- tuvieron "posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento o permitir que continuara" y por ello el juez los encontró "coautores" de la defraudación ya que lejos de modificar el sistema implementado "se encargaron de diseñar y pulir el sistema de corrupción" sobre la adquisición de GNL.

El gas natural licuado que se descargaba debía ser regasificado en un buque que también oficia de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución. Estas compras son las que se investigaron bajo la sospecha que hubo negociados.

En ese periodo llegaron al país 497 barcos con GNL: 232 amarraron en Bahía Blanca y 265 en el puerto de Escobar. Cada barco tenía un valor aproximado de 30 millones de dólares y por los casi 500 barcos de gas licuado se pagaron 15.300 millones de dólares. Y el sobreprecio detectado es 6.900 millones de dólares"un equivalente a 13 millones de dólares por barco".

La causa comenzó en 2014 con la denuncia de los entonces diputados nacionales Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, donde plantearon el presunto pago de sobreprecios y de ·comisiones innecesarias a intermediarias en las sucesivas compras de barcos que se realizaron desde 2008 en adelante·.

Según el expediente, la operatoria comenzó en el 2008 con la compra de 8 buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.

En aquel entonces las compras correspondían a la órbita del extinto Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido y quien declaró hace dos semanas, que las compras de GNL fueron para paliar una difícil situación climática que se vivió en 2007 el Estado debió "tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una creciente demanda de Gas con soluciones rápidas y eficaces" y señaló que las decisiones tomadas "jamás tuvieron como consecuencia un perjuicio al Estado y mucho menos implicaron algún tipo de relación personal con el objeto de cometer ilícito alguno".