Menos preocupados por controlar la salud que por dirigir la economía

Un gobierno hiperestatista que acosa al sector privado y pidió al Congreso facultades extraordinarias apela al "autocontrol" individual para prevenir el contagio del coronavirus

l coronavirus puso en jaque a la economía global y representa un desafío enorme para la comunidad científica: si bien el número de víctimas mortales y de contagios parece desacelerarse, todavía no existen vacunas ni tratamientos efectivos para combatirlo: el National Institute of Allergy and Infectious Diseases norteamericano advierte que está "al borde" de convertirse en una pandemia mundial. Algunos observadores consideran que podría precipitar una corrección en los mercados bursátiles luego del ciclo expansivo de una década. Y hasta creó nuevas categorías delictivas en Hong Kong, donde una banda robó a punta de navaja cientos de rollos de papel higiénico para protegerse de un eventual desabastecimiento como consecuencia del Covid-19. En la Argentina, en cambio, adoptamos una posición entre relajada e irresponsable: no existen controles para los viajeros que llegan de China ni de otros países de Asia, donde comenzó la epidemia. Nadie puede sorprenderse ante una nueva muestra de desidia y amateurismo por parte del Estado. Aun así, llama la atención que un gobierno que expresa confianza absoluta en la capacidad del Estado a la hora de regular prácticamente todo haya preferido prescindir de los chequeos más elementales en aeropuertos y otros puntos de entrada, confiando, por el contrario, en el autocontrol de los individuos.

Resulta notable que un país que apuesta a descubrir a quienes ingresan sin declarar un simple teléfono celular u otros productos electrónicos haya preferido ignorar una amenaza tan seria y efectiva. Más aún, en la Argentina existe una simbiosis entre el Estado y el gobierno de turno, razón por la cual carecemos de un sector público profesional, moderno, racional y mínimamente estable. Cada nueva administración implica un profundo recambio de cuadros gerenciales medios y altos a los que, para colmo, nadie educa, pues son parte de los botines con que se recompensan los apoyos políticos o electorales. Por eso no existe un sistema coordinado y lógico de escuelas de gobierno, administración y política pública. En esta nueva encarnación de una concepción intervencionista extrema, en una Argentina sin moneda, con instituciones famélicas y un mercado financiero ínfimo, el gobierno define múltiples valores para el tipo de cambio, la tasa de interés y los precios de los productos de la canasta básica. Pero frente al Covid-19 no se han dispuesto mecanismos de control, aunque sean elementales. Puede que la probabilidad de contagio del Chagas o el dengue sean mayores. ¿Justifica esto ignorar una amenaza tan concreta?

El coronavirus pone entonces de manifiesto las profundas inconsistencias que exhibe el oficialismo en términos de la concepción del Estado. Por un lado, los integrantes del Frente de Todos apelan a un discurso hiperestatista que abarca desde solicitar información a las principales empresas de cada rubro (incluyendo las de servicios públicos) para evaluar los costos y definir qué precio es "justo" (de acuerdo con el cuestionable principio de "todos los precios son políticos"), hasta aplicar una carga tributaria récord, en virtud de una contrarreforma fiscal que en la práctica restablece impuestos distorsivos como Ingresos Brutos. Este acoso al sector privado tiene como resultado obvio un rápido deterioro del clima de negocios y la consiguiente retracción de la inversión. No es la crisis de la deuda lo único que preocupa a la economía real, ni siquiera lo más importante. Con un mal diagnóstico en mano, el Gobierno parece creer que investigando en la AFIP a quienes mudaron al exterior su domicilio fiscal discontinuará esa tendencia. Los que huyen de la voracidad infinita del fisco seguramente sacaron hace mucho sus ahorros y están ahora dispuestos a mudar incluso a sus familias. No sería la primera vez que el Estado promueve un comportamiento contrario al que proclama. "Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente", canta León Gieco.

¿Cómo explicar que un gobierno con semejante concepción estadocéntrica, a la que le suma las facultades extraordinarias que solicitó al Congreso, defaultee en cuestiones elementales de salud pública? Se trata de una responsabilidad inalienable, uno de los principales bienes públicos junto con la educación, la seguridad, la justicia, la infraestructura física y el cuidado del medio ambiente. Pues bien, en un momento en que la epidemia se presenta como una amenaza global, se apela al autocontrol: se transfiere a los individuos la responsabilidad de tomar medidas precautorias e informar a las autoridades frente al riesgo de haber contraído el coronavirus. Ni los países de tradición más liberal, de respeto pleno a las libertades individuales, presuponen que quienes hayan viajado por Extremo Oriente y tengan síntomas que sugieran que contrajeron el Covid-19 se presentarán voluntariamente a las autoridades sanitarias para ser observados y, eventualmente y de ser necesario, tratados.

Rusia acaba de anunciar que no permitirá el ingreso de ciudadanos chinos a su territorio. Ambos países tienen una excelente relación desde el punto de vista estratégico y geopolítico. Pero la salud pública está en juego y eso requiere medidas extraordinarias. Si se compara semejante medida con el mero hecho de adornar el remozado aeropuerto de Ezeiza con carteles que adviertan sobre el peligro del Covid-19, exhortando a los pasajeros a autoevaluar su estado de salud, la conclusión es contundente: se trata de un acto de irresponsabilidad. La coyuntura exige rigurosidad. La OMS afirmó que gracias a los estrictos límites que impuso China a los movimientos de sus habitantes se logró una dispersión menor del virus. Y hasta se vieron excesos totalitarios de Corea del Norte, donde el gobierno ejecutó a un funcionario por violar la cuarentena.

¿Cuál es la concepción de Estado que caracteriza al oficialismo? Mientras ideológicamente se apela a la solidaridad, se habla de inclusión y de reducción de pobreza, se busca legalizar la venta y hasta la producción de cannabis y se ponen sobre la mesa temas esenciales de salud reproductiva, se deja librada al azar esta cuestión tan alarmante. No se trata de la única contradicción que evidencia la gestión Fernández. Es el mismo gobierno que pretende enviar a la OEA un embajador que considera que el desastre humanitario y la amenaza a la seguridad que representa la catástrofe de Venezuela es similar a la crisis política y social que vive Chile. Más aún, es el mismo presidente que se pasea por Europa e Israel mendigando ayuda para negociar con el FMI para luego cuestionar deliberadamente al organismo. Incluso peor: su vicepresidenta ha puesto en duda -desde un país totalitario como Cuba, donde la única regla es la absoluta arbitrariedad de la nomenclatura que hace seis décadas arruina esa isla y somete a sus habitantes- la supuesta aplicación discrecional del estatuto del FMI.

Si finalmente se constituye, una de las misiones más importantes que debe tener el Consejo Económico y Social es debatir y consensuar un modelo de Estado moderno, inteligente, transparente, eficiente, solidario, con una presión fiscal que no asfixie a sus ciudadanos y con un tamaño adecuado y compatible con las necesidades de desarrollo de la Argentina. Debe ser un modelo basado en el sentido común: con una persona, tan solo una, que cometa un error en su mecanismo de autocontrol en relación con el coronavirus, las externalidades negativas para el país serían incalculables. Los controles pueden fallar. Pero el descontrol es una manifestación incontrastable del fracaso del Estado.