En un análisis que no tiene desperdicio nuestro Secretario General, Rogelio De Leonardi hizo hincapié en la debilidades que la “virtualidad” tuvo en el contexto del ASPO en nuestra provincia.
No es una novedad que el sindicato reclamó desde un principio la necesidad de garantizar, tanto para los trabajadores de la educación como para los estudiantes, la posibilidad del acceso gratuito a la conectividad y a los medios e instrumentos digitales necesarios para garantizar el proceso de enseñanza entre los protagonistas del acto educativo.
El secretario general destacó desde un principio los esfuerzos denodados que la docencia riojana realiza día a día poniendo a disposición de la Educación Pública, no sólo su ámbito privado, sino también sus propios elementos como material didáctico, y que debieran haber sido garantizados por el Estado Provincial.
Hoy nos encontramos con situaciones totalmente desoídas por el Ministerio de Educación, en tanto y en cuanto no hubo una respuesta del mismo para con los innumerables reclamos que nuestro sindicato realizó a lo largo del ASPO.
La necesidad de un ámbito legítimo de negociación como la PARITARIA PROVINCIAL, que viene reclamando nuestro sindicato desde el principio de este ciclo escolar, no es un capricho, es una necesidad y qué viene a poner de manifiesto en este momento la ausencia de una respuesta clara del Ministerio de Educación para todas las demandas que los Trabajadores del ámbito educativo, vienen realizando a través de su sindicato.
La virtualidad no fue garantizada durante todo este periodo y no era tarea del docente garantizar la misma, sino que era una responsabilidad del Estado Provincial, y que dejó sin respuesta las demandas de los docentes, de los padres, y de la comunidad en general.
Hoy ponen en tapete la discusión de un regreso a la presencialidad, cuando aún no se ha dado un debido debate y análisis de cada una de las condiciones que se deben de cumplir para que está “normalidad” sea una realidad.
Nuestro sindicato continúa exigiendo, y hoy más que nunca, la necesidad de un espacio de debate donde las demandas docentes puedan ser escuchadas y no tener que afrontar disposiciones que arriesguen la integridad psico-física del Docente y de los Estudiantes.
