Entre judiciales y policiales

Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades.

De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un “optimismo total” sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, de su corresponsal Carlos Cué, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.

Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación. De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.

El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas. La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados kirchneristas, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna MMLPQTP. Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.

Adelante más o menos. No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran. Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.

Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el “otro” ha ganado infinitamente más que uno mismo. Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación. En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

La alianza que confluyó en Cambiemos no dio ninguno de esos pasos antes de firmarse.Se firmó porque los radicales estaban congelados por el miedo a Cristina Kirchner y a fracasar con UNEN, el frente que incluía a los socialistas y a la Coalición Cívica. Su jefa, Elisa Carrió, lo detonó. Le fue sencillo hacerlo, porque no arriesgaba un partido histórico, sino un grupo de seguidores que por otra parte quedaron bien ubicados en el Gobierno.

Pero la UCR es diferente. Por supuesto, los partidos no son eternos, pero impresiona la velocidad con que la UCR perdió relevancia. En esto, los operadores de Macri (grupo al que Carrió pertenece como problemática pero indispensable avanzadilla guerrillera que le da respetabilidad al Gobierno) fueron eficaces y, sobre todo, duros. Más que un equipo, un destacamento.

Volvieron sin lucha. Mientras tanto, la jueza Servini de Cubría llegó a la conclusión de que el Partido Justicialista estaba un poco desordenado y que lo mejor era intervenirlo con Luis Barrionuevo como responsable de su reorganización. Si me lo hubieran dicho hace un mes, habría recibido este avance con una sonrisa de incredulidad. Y, sin embargo, sucedió. Al nombrar a Barrionuevo, la jueza pone al frente del PJ a quien, en 2003, quemó las urnas en Catamarca, por el hecho de no estar habilitado para presentarse como candidato a gobernador. ¿A quién beneficia este fallo de la jueza que fue menemista? A Cristina Kirchner, seguramente. Y ¿a quién más? Es difícil contestar la pregunta.

Encaremos otra más sencilla: ¿a quién perjudica Servini de Cubría? A los dirigentes que, en las dos últimas semanas, se agruparon con el nombre pintoresco y aspiracional de Peronistas sin Prontuario. Allí estaban todos los que piensan en 2019 (menos los cordobeses, que hoy parecen más macristas que peronistas). Estaban Urtubey, Massa, Randazzo y una docena de dirigentes de larga trayectoria. Fue grande el paso dado al adoptar la identificación de Peronistas sin Prontuario, que los diferencia judicial y moralmente de Cristina y sus bolseros.

Entre los Sin Prontuario están los que por ahora son los únicos nombres de circulación más o menos nacional. Hay gobernadores, legisladores, intendentes de distritos poderosos en términos de millones de votos. A esa gente, la jueza les dijo: desde mañana, atiendan las indicaciones de Barrionuevo, que carga una manchada historia de desprestigio. Y Barrionuevo lo nombró a Julio Bárbaro para la “gestión política”, seguramente rememorando que es un negociador hábil que estuvo con Menem y Kirchner en sus respectivos comienzos.

Para la ciudadanía, la Argentina es impredecible, porque navega en aguas barrosas y contaminadas. Muchas noticias políticas parecen llegar de la página de policiales; el resto, de la página de judiciales. Lo público está limitado a los juicios por corrupción o a los trascendidos de inteligencia. ¿Cómo interesarse cuando hacerlo exige información clasificada o capacidades especiales para decodificar?

En este gris marco político, la semana pasada asistimos a un prolongado acto de discusión en el Congreso. De manera ejemplar, partidarios y opositores al aborto expusieron posiciones. ¿Cuándo se hará lo mismo para la cuestión social, sin que eso se considere una movida crudamente opositora? ¿Cuándo se hablará de una profunda reforma impositiva, en este país donde los pobres y los ricos pagan el mismo IVA, pero los ricos tributan ganancias con una alícuota muy baja? ¿Cuándo se analizarán en el Congreso estos oscuros mecanismos de la desigualdad?

Si sucediera como sucedió con el gran debate sobre el aborto, deberíamos esperar el mismo espacio en las noticias. ¿O acaso la desigualdad importa menos que sus consecuencias?