La mano de Dios, versión Carrió

Debo agradecerle a la mano de Dios”. Elisa Carrió nunca quiso con ese comentario emparentar su situación con aquel gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial 86, en México. La diputada le apuntó, en cambio, al fallo de la Sala II de la Cámara Federal (Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah) que ordenó la reapertura de la causa por una denuncia sobre supuesto enriquecimiento ilícito en su contra.

Tal determinación obligó al juez Daniel Rafecas a insistir tres veces con la citación al denunciante para que ratificara su presentación. Al fin apareció Saúl Enrique Paz, un desocupado –albañil de oficio-- de la localidad de Derqui, quien confesó que le habían pagado $1500 por imputar a la líder de la Coalición. Eso le permitió a Carrió demostrar que había quedado enredada en una operación política y de inteligencia.

La comprobación desató de nuevo un huracán de los suyos. Que periódicamente hace crujir a Cambiemos, la alianza oficialista. “Estoy cansada de andar limpiando la mugre de aquí adentro”, afirmó en las últimas horas ante la perplejidad del macrismo. Se explica esa perplejidad: Marcos Peña, el jefe de Gabinete, y Mario Quintana, uno de los ministros coordinadores, habían estado conversando con ella sin vislumbrar la chance de una erupción pública. Carrió insinuó la complicidad oficial por los beneficios que tendría Julio De Vido. El ex ministro de Planificación quedó por falta de mérito al margen del procesamiento que dispuso Marcelo Martínez de Giorgi contra Hebe de Bonafini, Pablo y Sergio Schoklender y Abel Fatala en la causa de Sueños Compartidos. Un proyecto para la construcción de viviendas humildes, la mayoría de las cuales no se hicieron, donde se corroboró un desvío de fondos superior a los $200 millones.

Carrió no tiene voluntad de echar sombras sobre Mauricio Macri. Aunque sus palabras suelen poseer siempre una onda expansiva ilimitada. Pero le viene repitiendo al Presidente, cada vez que puede, el mismo argumento: hay estamentos del Estado que, pese al cambio de Gobierno, siguen funcionando con la lógica pasada. La del kirchnerismo. E incluso más atrás.

La diputada señala varios lugares. Uno de ellos es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La comanda Gustavo Arribas, amigo íntimo del Presidente. Tiene una fuerte incidencia operativa su segunda, Silvia Majdalani, ex diputada en los 90, de relación con Francisco Larcher. El hombre que manejó buena parte del espionaje en la década kirchnerista.

Carrió le ha pedido a Macri que reconsidere su incondicionalidad con Arribas. El titular de la AFI había sido denunciado por haber recibido cinco pagos en una cuenta suiza presuntamente ligados a las coimas de Odebretch, una constructora de Brasil que destapó una de las ollas de corrupción en aquel país, sumido ahora en una fenomenal crisis. El juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al funcionario. El nombre de Arribas volvió a la superficie cuando el cambista brasileño arrepentido, Leopoldo Meirelles, insistió en involucrarlo al declarar por teleconferencia en el capítulo argentino de las coimas de Odebretch que investiga la Justicia.

Varias cosas llamaron la atención. Meirelles casi no pudo brindar precisiones sobre los pagos realizados por la empresa constructora de Brasil en la Argentina. Fueron, según reveló un tribunal de Estados Unidos, U$S35 millones girados entre 2007-2014 para ganar licitaciones y, se sospecha, como aportes de campaña. Las fechas coinciden casi exactamente con los dos mandatos de Cristina Fernández. La obra pública estuvo bajo la jurisdicción del ex ministro De Vido. Nada de todo eso supo precisar Meirelles. Aunque se acordó, en cambio, del apellido Arribas.

Otra curiosidad fue la rápida divulgación de ese dicho. Los ojos se posaron sobre Alejandra Gils Carbó y los fiscales que siguen el caso, dos de los cuales al menos serían cercanos a la Procuradora General. La intención sería que la mancha de las coimas salpique también al ciclo macrista.

Carrió no desconoce esa maniobra. Pero no alcanzaría para exculpar la responsabilidad de Arribas. Por dos razones distintas. El titular de la AFI nunca logró explicar los motivos de las cinco transferencias hechas por Meirelles a su cuenta en Suiza. Quizás no tengan vinculación con Odebretch. Pero tampoco dejan de ser sospechosas. La líder de la Coalición presume que desde la AFI, en combinación con sectores de Comodoro Py, se urdirían las jugadas en su contra. Como aquella del albañil.

La diputada le estaría descubriendo otra pata a la estrategia. Los jueces federales lanzaron la semana pasada una nueva asociación (AJUFE) –paralela a la de Magistrados-- que reúne a 200 integrantes a cargo de delitos federales, como la corrupción y el narcotráfico. El objetivo de tal entidad sería resistir las presiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al conducir la asamblea inaugural el juez Ariel Lijo destacó que la misión principal será pulsear con todos los gobiernos. El de Cristina ya pasó. Ahora está Macri. La AJUFE cuenta con la bendición de Ricardo Lorenzetti. El jefe de la Corte Suprema sostiene una batalla judicial contra Carrió.

Ante tales circunstancias, el Gobierno ensayó retomar la iniciativa. Salvo Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, nadie se atrevió a cruzar la furia de Carrió. Las municiones fueron disparadas contra Gils Carbó. El ministro de Justicia, Germán Garavano, comunicó que se convocó a la empresa Odebretch a brindar la información sobre las coimas a la Oficina Anticorrupción. En eso anda Laura Alonso. Garavano explicó que la medida se adoptó por cierta pereza de la Justicia para actuar “y algunos obstáculos de la Procuración General”.

Esa ofensiva cuenta con dos planos. El político: el Gobierno tenía necesidad de irrumpir en la escena ocupada por otros con un fuerte mensaje anticorrupción. El jurídico: no será sencillo avanzar en el camino para que la empresa brasileña termine develando el detalle de las coimas.

Odebretch demanda dos cosas. Inmunidad para los implicados y la garantía de continuidad de sus negocios en el país, que no son escasos. La Argentina carecería de resortes legales para satisfacer aquellos pedidos. Aunque, como siempre, existen las opiniones que el derecho suele dividir. ¿Por qué la imposibilidad del acuerdo?. ¿Por qué no garantizarle a la constructora que los 77 ejecutivos ya condenados no podrán ser juzgados otra vez por delitos similares?, sostienen ciertas voces oficiales. Así se labró el acuerdo con Washington que permitió conocer el profuso derrame de las coimas en América Latina. Pero los respaldos legales, en uno y otro caso, serían distintos.

La develación del vínculo entre la corrupción y la política permite descubrir situaciones diferentes en la región. No todo sería lo mismo, aún admitiendo las crisis de representación. Chile, Uruguay y Bolivia, por ejemplo, no figuran en la madeja de las coimas de Odebrecht. En poco mas de un año y medio la Justicia brasileña imputó y encarceló alrededor de 1400 dirigentes (políticos de todos los partidos y empresarios), en especial a partir del escándalo en Petrobrás, que estalló dos días antes que la ex presidenta Dilma Rousseff ganó la reelección. Aquí Macri lleva 17 meses de poder y las novedades suenan magras. Salvo las prisiones de Lázaro Báez y José López, el de los bolsos. Y ahora se abre a pleno la campaña electoral.