Nación reclama por fondos para la terminal de ómnibus: La Corte Suprema le notificó a Quintela una demanda millonaria

17:29 | Martes 07 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La guerra judicial entre el gobierno nacional y la provincia de La Rioja abrió un frente nuevo y de máxima gravedad institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó en marzo de 2026 al Juzgado Federal de La Rioja para que comunique al gobernador Ricardo Quintela y al Fiscal de Estado provincial el traslado de una demanda por cobro de sumas de dinero iniciada por el Estado Nacional —Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— contra la Provincia de La Rioja, bajo el expediente CSJ 1080/2025.

La provincia tiene 60 días hábiles para contestar la demanda, que tramita ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal del país, por la vía del proceso ordinario. El monto reclamado es de $42.645.530,84 más intereses calculados desde mayo de 2022 hasta el efectivo pago, con costas.

La historia detrás del expediente: una terminal que nunca se refaccionó

El origen de la causa se remonta a octubre de 2021, cuando el entonces Ministerio de Transporte de la Nación y la Provincia de La Rioja suscribieron el Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera CONVE-2021-99816683, en el marco del Programa de Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia. El objeto del acuerdo era financiar la «Refacción de la Terminal de Ómnibus El Milagro» de la ciudad de La Rioja, con un monto total comprometido de $87.897.858,10.

El convenio establecía un cronograma de desembolsos en dos tramos. El 24 de mayo de 2022, la Nación transfirió el primer 50% del total: los $42.645.530,84 que hoy se reclaman judicialmente. El dinero ingresó a una cuenta bancaria de uso exclusivo habilitada a tal efecto por la provincia.

Hasta ahí, el proceso fue el habitual de este tipo de acuerdos interjurisdiccionales. Lo que vino después es lo que convirtió el expediente en una demanda ante la Corte.

Avance de obra: cero por ciento

El 11 de noviembre de 2022, La Rioja presentó la documentación de rendición de cuentas del primer desembolso —declaración jurada, resumen de rendición y detalle de egresos declarados. La Dirección de Supervisión y Control de Obras de Transporte analizó esa documentación y llegó a una conclusión demoledora: el porcentaje de avance de obra certificado era 0%.

El informe técnico fue categórico: no se constataron certificados de obra, solo se acreditó el anticipo financiero, y el porcentaje acumulado de avance declarado era del cero por ciento. La conclusión fue que la rendición presentada por La Rioja no cumplía técnicamente con lo requerido para su aprobación, porque no se verificaba el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados, y el avance certificado no era razonable ni concordante con los fondos transferidos.

La rendición fue rechazada formalmente mediante la Resolución RESOL-2025-17-APN-ST#MEC del 25 de marzo de 2025, que intimó a la provincia a restituir los fondos en un plazo de cinco días hábiles desde su notificación, con más los intereses devengados desde la percepción del dinero. La resolución fue notificada el 27 de marzo de 2025.

La provincia no respondió, no recurrió, no devolvió

Lo que sucedió a continuación es lo que la demanda describe con una precisión que resulta políticamente devastadora para el gobierno provincial: La Rioja no interpuso recurso administrativo alguno contra el rechazo de la rendición. No contestó las intimaciones cursadas y notificadas. No procedió al reintegro de los montos reclamados. En términos jurídicos, la provincia consintió todo el accionar del organismo nacional al no impugnarlo.

El Ministerio de Economía interpretó ese silencio como un enriquecimiento sin causa en perjuicio del patrimonio estatal nacional, y en mayo de 2025 instruyó a su servicio jurídico permanente para iniciar las acciones judiciales pertinentes. La demanda llegó a la Corte Suprema, que la admitió en su competencia originaria —la que le corresponde cuando una provincia es parte— y ordenó el traslado en marzo de 2026.

El contexto político que amplifica el escándalo

La causa llega en un momento de máxima tensión entre Quintela y el gobierno de Javier Milei. El gobernador riojano lleva meses denunciando públicamente que la Nación retiene fondos que le corresponden a la provincia —cifra que él mismo estima en más de 1.300 millones de dólares— y utilizó ese argumento como eje de su confrontación política con la Casa Rosada.

Pero el expediente que hoy tramita en la Corte Suprema invierte el argumento: no es la Nación la que retiene fondos de La Rioja, sino la Nación la que reclama fondos que transfirió a La Rioja para una obra que no se ejecutó y cuyos recursos no fueron debidamente rendidos. Una terminal de ómnibus que según los registros oficiales del propio gobierno nacional tiene cero por ciento de avance tres años después de haber recibido el dinero.

La provincia que reclama transparencia fiscal a la Nación deberá ahora explicarle a la Corte Suprema qué hizo con los $42 millones destinados a El Milagro. Tiene 60 días para intentarlo.