Histórico: por qué Argentina ganó un juicio en los tribunales de Nueva York

14:55 | Miércoles 03 de Abril de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Por primera vez, Argentina recibe una buena noticia desde el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que en su momento manejaba Thomas Griesa y que desde hace ya más de siete años conduce Loretta Preska. La magistrada falló a favor de la República Argentina en la causa planteada por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013, una causa iniciada por la casa de inversiones alternativas Aurelius. 

Aurelius acumula tenencias por hasta US$ 2.000 millones nominales de ese título (no sólo propios sino de otros bonistas representados por los abogados de ese fondo buitre), potenciada luego por una segunda presentación de la sociedad uruguaya Novoriver S.A., que posee US$181 millones en inversiones de esos bonos atados al crecimiento de la actividad económica del país, y que, se supone, representan a un grupo de inversionistas que buscan algún rédito en el caso.

La jueza directamente rechazó el reclamo, negó que haya habido manipulación del PBI ese año, y, en todo caso, garantizó que es derecho de la Argentina manejar sus mediciones macroeconómicas, siempre que haya justificaciones estadísticas sin "Mala Fe".

En total, Argentina evitó así pagar unos US$ 5.000 millones originales de la demanda de Aurelius, a los que deberían sumarse los reclamos de Norinver, que podrían haber llegado unos US$ 1.000 millones más. Pero si la causa hubiera sido negativa, el resto de los tenedores de aquellos bonos cupón PBI que no habría recibido los pagos del ejercicio 2013, podrían haber reclamado ante los tribunales de los Estados Unidos, con lo que el monto se hubiera podido hasta triplicar, dependiendo de la cantidad de tenedores que se presentarían en los tribunales de Nueva York.

Preska había abierto el caso en febrero del 2019, a partir del reclamo original de Aurelius, al que luego se sumó Novoriver. Según explica el analista Sebastián Maril, "según los demandantes, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de cupón del PIB. Fue un anuncio sumamente 'desprolijo', que el mercado tomó como otra manipulación de datos, con tal de no pagar a los acreedores".

La causa, para la Argentina, podría haberse convertido en otra bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determinaba que el fondo buitre Aurelius tenía razón en su reclamo. La demanda se basa en la acusación que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del Indec de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos US$3.000 millones en 2014.

Según Aurelius, el Gobierno había alterado la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa "mal desempeño de sus funciones". Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La Argentina presentó su defensa el 3 de julio de 2019, argumentando contra la demanda de Aurelius, con una explicación curiosa. El gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa y como primer Ejecutivo que debió enfrentar la defensa del caso, usó los mismos argumentos originales del kirchnerismo asegurando que no hubo mal uso o manipulación en la medición del PBI en 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo.

Avaló así la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril de 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la procuración del Tesoro del Gobierno de Mauricio Macri, aseguraron ante la Justicia norteamericana que el gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014.

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre.

Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el "Juicio del Siglo", se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por la Lava Jato.

Con esta buena noticia no se cierran los capítulos complicados para el país. Por la misma causa de la manipulación posible del PBI en 2013, hay una causa paralela abierta en Londres iniciada por un fondo británico llamado Atestor, donde las perspectivas eran hasta aquí desfavorables.

Además, Preska ya falló en contra del país en la megacausa provocada por la manera en que Argentina reestatizó YPF en 2012, caso por el que la Nación está condenada en primera instancia a pagar unos U$S 16.000 millones más intereses. Y que sólo un milagro puede provocar que la Cámara de Apelaciones de Nueva York cambie el destino de un fallo en contra del país.