El Gobierno eliminó un trámite de importación para textiles y calzado: cuánto ahorrarán los empresarios

19:15 | Viernes 12 de Abril de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En medio de la desregulación en la que avanza el Gobierno, la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, eliminó un trámite por el cual se le exigía a los fabricantes e importadores de textiles, prendas y calzado información “redundante” sobre la composición porcentual y el material de sus productos que ya estaba detallada en la etiqueta. El cálculo oficial es que esa burocracia representaba para el sector un costo de USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.

Así se oficializó a través de la Resolución 49/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, la cual deroga y modifica diversos artículos de las resoluciones 26/1996 y 850/1996 de la ex Secretaría de Comercio e Inversiones y del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, al igual que la Resolución 404/2016 de Comercio.

En detalle, se eliminó la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP). Según detallaron desde la dependencia que conduce Lavigne, ese trámite “exigía a los fabricantes e importadores de textil, prendas y calzados información redundante sobre la composición porcentual y el material de sus productos que ya estaba detallada en la etiqueta. Esta medida burocrática representó para el sector un costo de 5 millones de dólares anuales y generó 1 millón de trámites sólo en 2023″.

“El régimen era uno más de los controles excesivos que estaban bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, el cual consistía en que las empresas brinden información sobre la composición y origen de cada tipo de producto que se fabrica con el fin de repetir lo que ya se declara en las etiquetas de cada prenda o calzado. Además, como consecuencia de una administración ineficaz, se obligaba a los importadores a tener que hacer distintas declaraciones para prendas iguales, pero de distinto talle, entre otras diferencias menores”, explicaron.

Entre los productos alcanzados por la medida estaban los insumos textiles como los hilados y los tejidos, las confecciones; y los insumos para el calzado y el calzado terminado. Oro costo generado por la DJCP era que, bajo requerimiento adicional y discrecional de la Secretaría de Comercio, las empresas declarantes debían realizar ensayos de sus productos en el INTI, “un trámite que demoraba no menos de 60 días y aumentaba considerablemente sus costos de producción. Sólo este trámite podía llegar a costar hasta USD 100 por ensayo”.

“Esta exigencia estatal de requerimiento de información generaba el mayor número de trámites dentro de la Secretaría. Con esta iniciativa de desburocratización se simplifica el proceso de importación para el sector textil y de calzado, aliviando los costos de las empresas y de los consumidores que luego compran el producto terminado sin impuestos ocultos”, destacó Comercio.

El pasado 29 de enero Lavigne dispuso la derogación de 69 normas que “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”. El objetivo de la medida es “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”.

Entre las normas derogadas, se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la gestión de Alberto Fernández.

También, se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas a través del mega DNU rubricado por el presidente Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento. Se eliminaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que este había finalizado el 8 de diciembre pasado.

Asimismo, se impulsó la baja del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, “apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”, indicó Comercio en un comunicado.