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A través de la Licitación Pública N° 50-0004-LPU24, el organismo adquirió seis máquinas expendedoras de café por un total de $15.480.000. Este monto representa un sobreprecio del 90% en comparación con los precios promedio de mercado.
Domingo 03 de Noviembre de 2024
08:24 | Domingo 03 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La reciente compra de cafeteras por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE), dependiente del Ministerio de Economía, ha provocado un fuerte impacto público y cuestionamientos sobre el uso de los fondos del Estado. A través de la Licitación Pública N° 50-0004-LPU24, el organismo adquirió seis máquinas expendedoras de café por un total de $15.480.000. Este monto representa un sobreprecio del 90% en comparación con los precios promedio de mercado, que sitúan el mismo modelo de máquina en aproximadamente $1.326.900 por unidad.
En el expediente oficial N° EX-2024-23725031, el INASE argumentó que la adquisición busca mejorar las condiciones de trabajo y fomentar un “ambiente agradable” para el personal. Entre las razones expuestas figuran la necesidad de bebidas calientes para reuniones y capacitaciones, y la optimización del tiempo laboral al evitar salidas para comprar refrigerios. Además, se mencionó que las máquinas cumplen con “normas de protocolo y ceremonial”.
La empresa SALTSUR S.A. fue la adjudicataria de la licitación y suministrará las máquinas automáticas Necta Koro modelo espresso, a un valor unitario de $2.580.000. La adquisición fue formalizada el 24 de julio de 2024, con un contrato de seis meses. Entre los funcionarios responsables de aprobar la compra se encuentran Leandro Gregorio, Diego Reinaldo Franz, Roxana Silberberg, Nair Alvarado, Wanda Ayelen Castagnaro y Joel Alexander Sardi, con la autorización final de Claudio Dunan, presidente del INASE.
El elevado costo de cada máquina ha suscitado una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Mientras el INASE pagó $2.580.000 por cada cafetera, en sitios como MercadoLibre el mismo modelo puede adquirirse por un valor cercano a $1.326.900. Este sobreprecio ha llevado a cuestionar tanto la transparencia como la eficiencia de este proceso de compra.
El contrato incluye una cláusula de ampliación del presupuesto del 20%, permitiendo un desembolso adicional de $3.096.000 si fuera necesario. Con esta ampliación, el gasto total podría superar los $18 millones, lo que intensifica las críticas sobre la prioridad y conveniencia de este gasto en un contexto económico apremiante.
En un momento en que el gobierno realiza ajustes y limita el gasto público, la adquisición de estas máquinas expendedoras ha generado dudas sobre su pertinencia. Analistas del sector público destacan que, aunque mejorar las condiciones laborales es importante, resulta cuestionable destinar recursos a este tipo de gastos cuando existen áreas críticas con mayores necesidades. Según un analista consultado: “La transparencia en las compras públicas es esencial para mantener la legitimidad del Estado, y este tipo de gastos ponen en entredicho las prioridades cuando hay necesidades urgentes que atender”.
Este caso se suma a otros en los que las compras del sector público han despertado cuestionamientos sobre los procedimientos y la gestión de recursos. La administración y asignación de fondos en un contexto de crisis exige transparencia, control y racionalización para evitar gastos que puedan percibirse como innecesarios o exagerados.
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