El Gobierno de Milei impulsa privatizaciones en sectores estratégicos y reduce transferencias estatales

20:43 | Domingo 03 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En una estrategia que recuerda las políticas de privatización de los años 90, el Gobierno de Javier Milei ha iniciado el proceso para vender activos estatales, comenzando con la empresa Belgrano Cargas y proyectando extender la iniciativa a otros sectores estratégicos, como los trenes de pasajeros. La propuesta, que busca dividir las concesiones en múltiples compañías, pretende atraer inversiones privadas y fomentar la competencia para revitalizar estos sectores.

La reciente aprobación del dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas —respaldada por sectores del PRO y parte de la UCR— marca un hito en la nueva política económica del país. En la actualidad, el Estado argentino mantiene participación en más de cien empresas, de las cuales 34 cuentan con una mayoría estatal. Sin embargo, el número de empresas con superávit financiero ha disminuido de 21 a 12 entre 2023 y el primer trimestre de 2024, debido a una reducción en las transferencias estatales del 46%. Este ajuste, apodado “la motosierra”, se ha aplicado particularmente a Enarsa, tras la reducción de subsidios y menor necesidad de importación de gas debido a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Un proceso de privatización con antecedentes y desafíos

El plan de privatización de Belgrano Cargas revive intentos pasados, como la privatización de 1999, que fracasó por falta de inversión privada, lo cual llevó a la nacionalización del servicio en 2013. Durante los últimos años, Belgrano Cargas, bajo Trenes Argentinos Cargas, había logrado incrementar un 57,4% el transporte de mercancías, alcanzando niveles históricos. Sin embargo, la nueva administración busca privatizarlo nuevamente, pero con un enfoque distinto: dividir la concesión en tres segmentos (administración, infraestructura y operación) para evitar errores del pasado y optimizar la eficiencia en cada área.

“La situación actual exige analizar las opciones de gestión más eficientes. Esto nos llevó a definir un camino hacia la privatización por partes”, explicaron desde la Secretaría de Transporte, con la esperanza de que esta estructura optimice la eficiencia operativa y atraiga capital privado.

Debate sobre los recortes y el impacto en empresas públicas

La política de privatización y recortes en las empresas estatales ha generado una caída en los ingresos de varias empresas: Aerolíneas Argentinas reportó una baja del 28% en el primer semestre de 2024, mientras que Correo Argentino, Corredores Viales y Tandanor registraron descensos significativos, de hasta el 58%. En contraste, AySA y Trenes Argentinos lograron aumentar su facturación, principalmente debido a ajustes tarifarios, aunque esta medida ha sido criticada por el aumento en el costo de los servicios públicos para los ciudadanos.

“Esta política de privatizaciones y aumentos en tarifas afecta a toda la ciudadanía, desmantela el patrimonio nacional y encarece los servicios esenciales”, advirtió Manuel Valenti Randi, economista y director del observatorio Ocipex. Randi también criticó la decisión de quitarle a Arsat una franja reservada de 100 MHz para proveer internet a más de 42 mil escuelas, lo cual podría dificultar el acceso a la conectividad en zonas vulnerables y afectar la sostenibilidad de la empresa.

Reducción de la participación estatal en el PBI y desafíos futuros

La política de recortes ha permitido al Estado disminuir su participación en el PBI, con la reducción de transferencias a las empresas estatales. No obstante, el recorte en las inversiones de mantenimiento e infraestructura ha debilitado los servicios públicos, lo cual ha despertado preocupaciones en varios sectores. Según el centro de estudios Ocipex, las empresas públicas han sido clave en el desarrollo de sectores estratégicos y, paradójicamente, su fortalecimiento permitió en el pasado reducir las transferencias del Tesoro.

El plan de privatización y la reducción de transferencias representan un cambio profundo en la gestión del Estado, impulsado por la administración de Milei con el objetivo de liberar recursos y atraer inversión privada. Sin embargo, la medida enfrenta críticas de quienes consideran que el Estado debe mantener un rol estratégico en sectores clave para asegurar su accesibilidad y calidad para todos los ciudadanos.