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Este jueves, el tribunal de Chubut encontró a Ricardo La Regina culpable por daño ambiental y crueldad animal.
Jueves 07 de Noviembre de 2024
13:21 | Jueves 07 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Ricardo Adolfo La Regina fue declarado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal por matar a 105 pingüinos y destruir más de 175 nidos en la reserva Punta Tombo, en 2021. El tribunal de Chubut revelará la pena el lunes 11 de noviembre en la audiencia de censura.
"Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente", expresó el tribunal, respecto a la condena del productor ganadero que utilizó una retroexcavadora para abrir un camino, entre agosto y diciembre de 2021, desde su estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, hacia el mar.
Asimismo, se lo acusó de haber desmontado flora para poner un alambre electrificado. Fue durante ese proceso que La Regina aplastó a varios nidos de pingüino afectando la fauna del lugar. Entonces, su propio tío, Alberto, lo acusó ante la Justicia puesto que se trata de uno de los primeros guarda fauna del área protegida.
El 28 de octubre comenzó el juicio oral contra el empresario. Luego de seis jornadas de alegatos y testimonios de testigos, el tribunal compuesto por los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini dictaminaron que La Regina "es autor penalmente responsable de daño agravado en concurso ideal con crueldad animal".
"Se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido", manifestaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
La investigación reveló que el productor abrió el camino paralelo hacia el mar sin la debida autorización, "lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción". Asimismo, apuntaron contra la instalación del alambre electrificado que "habría afectado el entorno de los pingüinos".
Por su parte, La Regina ofreció la donación de 500 hectáreas al Estado para que "termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara". No obstante, la fiscal general Florencia Gómez se opuso.
Durante el juicio, la fiscal sostuvo que la "acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino que, al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichos de pingüinos durante su etapa reproductiva". Además, manifestó que "hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó".
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