Un Sanjuanino demanda a La Rioja por $15 millones tras ser privado de libertad injustamente durante seis años

20:25 | Sábado 15 de Marzo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Alejandro Morales, un ciudadano de San Juan, presentó una demanda contra la Provincia de La Rioja, reclamando una indemnización de $15 millones por los daños y perjuicios sufridos tras ser privado de su libertad injustamente durante más de seis años. Morales fue absuelto en un primer juicio en 2007, pero luego fue condenado en un tercer proceso judicial irregular, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró nulo en 2019 por falta de jurisdicción y violación de garantías constitucionales como el ne bis in idem y el debido proceso.

La demanda, presentada por la abogada Josela Echegaray, argumenta que Morales fue víctima de un «error judicial» por parte del Poder Judicial de La Rioja, que lo condenó a 25 años de prisión en 2014 por un homicidio del que ya había sido absuelto en 2007. La CSJN determinó que el tribunal de La Rioja no tenía jurisdicción para juzgarlo nuevamente y que se violaron principios fundamentales del derecho penal.

Durante su encarcelamiento, Morales no solo perdió su libertad, sino que también sufrió graves consecuencias emocionales y económicas. No pudo estar presente en el fallecimiento de tres familiares cercanos, incluida su nieta de siete años, y perdió oportunidades laborales que habrían mejorado su calidad de vida. Además, su familia se vio sumida en la pobreza al perder su principal sustento económico.

Morales busca una reparación integral que cubra los daños materiales, como la pérdida de ingresos y oportunidades laborales, así como los daños morales y psicológicos derivados de su injusta privación de libertad. La demanda incluye una pericia psicológica para evaluar las secuelas que aún persisten en Morales, quien sufre de claustrofobia, ansiedad y otros trastornos emocionales.

El caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad del Estado en casos de errores judiciales y la necesidad de garantizar una justicia eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales. La demanda se encuentra en etapa de prueba, y se espera que la justicia federal resuelva en los próximos meses.