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Trump elimina el derecho a fianza para inmigrantes detenidos durante procesos de deportación

La nueva política afecta a millones de personas que deberán permanecer encarceladas mientras se resuelve su situación migratoria. La medida endurece el enfoque del gobierno estadounidense frente a la inmigración irregular.

Martes 15 de Julio de 2025

12:21 | Martes 15 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El gobierno de Donald Trump implementó una medida que prohíbe a los inmigrantes indocumentados acceder a audiencias de libertad bajo fianza mientras dure su proceso de deportación. La disposición, contenida en un memorando firmado el 8 de julio por Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), establece que los detenidos deberán permanecer bajo custodia sin posibilidad de ser liberados por decisión judicial.

La política se aplicará a millones de personas que ingresaron sin autorización a Estados Unidos, incluso aquellas que residen en el país desde hace décadas y tienen hijos ciudadanos. Hasta ahora, los inmigrantes podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración, salvo en casos de delitos graves. Con esta modificación, solo podrán ser liberados bajo libertad condicional en circunstancias excepcionales, y dicha decisión quedará en manos de un oficial de inmigración.

El cambio se enmarca en una ofensiva migratoria que busca acelerar las deportaciones y disuadir nuevos ingresos irregulares. Según ICE, actualmente se detienen a más de 56.000 personas por día, y se proyecta duplicar esa cifra mediante un paquete presupuestario aprobado por el Congreso, que asigna 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención a 100.000 personas diarias.

Organizaciones defensoras de derechos migratorios advierten que la medida vulnera garantías básicas y dificulta el acceso a una defensa adecuada, especialmente para quienes se encuentran en centros de detención alejados de sus familias y abogados. Además, señalan que la política podría enfrentar desafíos legales por su carácter restrictivo y por ampliar el alcance de normas que históricamente se aplicaban solo a quienes cruzaban recientemente la frontera.

La decisión refuerza el perfil de la administración Trump en materia migratoria, en un contexto donde las encuestas reflejan una disminución en el apoyo ciudadano a las deportaciones masivas. A pesar de ello, el gobierno mantiene su objetivo de expulsar a un millón de inmigrantes en su primer año de mandato.

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