Gobernadores preocupados por el presupuesto 2025 (Macri más)

13:37 | Miércoles 04 de Diciembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Jorge Macri está en alerta. Las noticias, bastante certeras, que el gobierno no incluirá en el período de sesiones extraordinarias el proyecto de ley de presupuesto nacional para el 2025; prenden luces amarillas en todos los responsables de administrar las provincias argentinas. Se sabe que una continuidad de la aplicación del presupuesto 2023 (tal como se hizo este ejercicio), provocará que la relación fiscal y financiera entre la Casa Rosada y los gobernadores no sólo siga en recurrente crisis, sino que probablemente empeore.

Esto incluso son muchos los que hablan de una situación aún más compleja que la del kirchnerismo entre el 2005 y el 2015 (salvo el 2010 donde no hubo aprobación de eta ley) , donde cada año las partidas se actualizaban con leves subas atadas al crecimiento de la economía;  al amparo de una aprobación de la Emergencia Económica heredada del duhaldismo (cuando la emergencia era en serio) y permanentemente actualizada hasta el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La clave de esos tiempos era que la economía crecía más que lo que figuraba en los presupuestos, con lo que había dinero recaudado extra sin partida asignada. Con ese dinero, el kirchnerismo hacía política activa. 

En el caso de Javier Milei, la situación es aún más compleja. Las partidas asignadas son las del 2023, último año de gestión de Alberto Fernández; dinero, que, actualizado, debería incrementarse en casi un 200%. En los papeles y en la mente de Milei, una utopía. Sólo pensar en gobernadores negociando partidas con la Casa de Gobierno cada mes en un año electoral, provoca alarma; paso anterior al clima de tragedia. 

Particular es el caso de la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Además de la situación de las partidas congeladas, tiene un capítulo fundamental para su gestión que debe incluirse en un presupuesto 2025: la quita de los casi 3 puntos de coparticipación durante el gobierno de Alberto Fernández.  Por ahora el acuerdo dentro de Corte Suprema de Justicia (CSJ) se viene cumpliendo y respetando, fundamentalmente desde la Nación; bajo el amparo del tribunal lo que le da cierto compromiso y necesidad de cumplimiento. Desde el ministerio de Economía se giran mensualmente un 1,4% a través del coeficiente diario que se transfiere desde el Banco Nación. El 1,55% restante se transfiere semanalmente.

En total sería un 2,95% que se reclamaba desde la ciudad de Buenos Aires y que la CSJ reconoció. Por ahora se acepta desde el gobierno porteño esta manera de liquidar el dinero, ya que lo que correspondería, afirman desde la sede que maneja Jorge Macri, la liquidación debería realizarse sin más vueltas, a través de los giros por la correspondencia por la coparticipación federal de parte de la Nación hacia CABA. La ciudad sigue reclamando igualmente que en el Presupuesto 2025, esta liquidación se incorpore a los envíos normales de la coparticipación.

Jorge Macri teme que sin este token mensual certificado por la coparticipación legal e institucional del Presupuesto 2025; para que se convierta en una obligación innegociable para el  oficialismo nacional; quede en algún mes de ajuste sin liquidar, y nuevamente comience el conflicto que terminó hace dos meses cuando intervino de buenos oficios la CSJ. Mas teniendo en cuenta que CABA sigue reclamando la totalidad de la coparticipación que se le sacó a la ciudad y que llega al 3,5%, y no el momentáneo (hasta que haya un fallo definitivo en firme, 2,95% que se le reconoce. Pero sabe Macri que todo es de corto y mediano plazo. Y que sólo con un presupuesto firme, podrá modificarse la transferencia de coparticipación y no por transferencia semanal del Tesoro Nacional. Mientras tanto, en este capítulo, el “taxi” de la deuda generada hasta agosto de este año sigue corriendo; y, según los números de CABA, llega ya a los U$S 5.000 millones; contabilizando el dinero que el gobierno de Alberto Fernández dejó de pagar desde el 20 de septiembre del 2020 hasta agosto de 2024. Este dinero está, también, dentro del reclamo por el Presupuesto 2025, y está en el gran baúl de protestas por deudas cruzadas que la Nación mantiene con varias provincias por motivos varios. Todos, en general, con fallos o resoluciones judiciales en contra de la administración pública nacional. 

La deuda de esos U$S 5.000 millones, fue generada por aquella reducción unilateral de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández contra la Ciudad en los tiempos de la pandemia y con Horacio Rodríguez Larreta manejando CABA con intenciones presidenciales. El reclamo es por la restitución del 2,95% de la coparticipación federal que el algo fallido presidente Fernández le quitó a la Ciudad para financiar aumentos de presupuesto para la policía de la provincia de Buenos Aires. Un gesto hacia Axel Kicillof en tiempos en que el gobernador sufría asonadas de la Policía Bonaerense, y el kirchnerismo proclamaba el hundimiento fiscal de la administración porteña. El hecho político derivó en la enemistad eterna de dos aliados circunstanciales de esos tiempos: Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Ninguno de los dos están hoy en la arena política. Sin embargo, el conflicto sigue. Y pese a que hay una acción cautelar desde diciembre de 2022 impuesta por la Corte a favor del gobierno de la calle Uspallata, desde la Casa Rosada no llegó un solo peso o dólar. Ni con Alberto Fernández. Ni con Javier Milei, quien, sin embargo, se había comprometido durante la campaña hacia la vuelta final electoral a cumplir en tiempo y forma con la obligación. 

En algún momento de las últimas negociaciones, desde el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo se deslizó incluso la posibilidad de invitar a Jorge Macri a rediscutir si ese 2,95% de coparticipación no es un porcentaje demasiado elevado. Y si no ameritaría otra ronda de negociaciones para reducir tanto el nivel de la deuda como el goteo mensual a un porcentaje más cercano al 2% del total. Obviamente desde la sede porteña Uspallata solo hubo como contestación una mirada fulminante. Y la amenaza de continuar la batalla en la Corte, y no ya con discusiones entre funcionarios; sino con abogados.