La ministra Patricia Bullrich removió al titular de la Dirección de Inteligencia Criminal: quién será su sucesor

15:13 | Miércoles 26 de Marzo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tomó la decisión de reemplazar a Ricardo Ferrer Picado al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en el marco del inicio de una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado. Su lugar será ocupado por Ramiro Anzit Guerrero, un funcionario de carrera con experiencia internacional y estrecha relación con la actual conducción del ministerio.

Aunque la salida de Ferrer Picado se conoció días después de las protestas violentas protagonizadas por sectores vinculados al kirchnerismo, agrupaciones de izquierda y barras bravas en las inmediaciones del Congreso, desde el Gobierno nacional descartaron que la remoción esté vinculada al operativo desplegado ese día. Según fuentes oficiales, la modificación se debe a la necesidad de contar con un perfil más técnico para implementar la recientemente sancionada Ley Antimafia.

Un perfil técnico para enfrentar el crimen organizado

Ramiro Anzit Guerrero no es un desconocido para el equipo de Bullrich. Trabaja con la ministra desde antes del inicio de la gestión de Javier Milei, y cuenta con una sólida trayectoria en el área de inteligencia criminal. Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, posee un máster en Estudios Estratégicos otorgado por el Instituto Universitario Naval. Además, se especializó en Seguridad Internacional e Inteligencia en la Universidad Tecnológica Nacional y completó estudios en Estados Unidos, España, Taiwán e Israel.

Hasta ahora se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal (CIO) en la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia. Desde allí coordinaba actividades regionales para la agencia multilateral en países clave como Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.

Su perfil se completa con membresías en sociedades académicas internacionales de criminología y derecho penal en el Reino Unido, Australia, India, Pakistán y Brasil. Para el Ministerio de Seguridad, su designación es parte de una estrategia para profesionalizar y especializar el combate contra las mafias y las organizaciones criminales de alcance regional.

La aclaración oficial y el contexto político

Ante versiones que vinculaban la salida de Ferrer Picado con los incidentes del 12 de marzo, fuentes del Ministerio aclararon que el funcionario no fue desplazado, sino que continuará desempeñando tareas dentro de la Secretaría de Seguridad. En ese sentido, destacaron que el operativo frente al Congreso «fue correcto» y que las fuerzas federales actuaron «ante una violencia desproporcionada con una respuesta ajustada a derecho».

Los incidentes de esa jornada, que involucraron a manifestantes identificados con agrupaciones sociales y políticas de izquierda, así como barras vinculados al conurbano, terminaron con destrozos, heridos y detenidos. A raíz de ese episodio, se reforzaron los protocolos de actuación y, una semana después, el Ejecutivo coordinó un despliegue más amplio y controlado, sin mayores episodios de violencia.

En el Gobierno sostienen que el cambio en la Dirección de Inteligencia Criminal forma parte de un rediseño interno para dar respuesta a los desafíos que plantea la Ley Antimafia, aprobada durante el período de sesiones extraordinarias. Esta legislación habilita herramientas específicas para combatir el delito complejo, el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

Bullrich refuerza su equipo estratégico

La ministra Bullrich ha insistido desde el inicio de su gestión en que el combate contra la criminalidad no puede estar sujeto a criterios políticos ni a presiones partidarias. En esa línea, la elección de Anzit Guerrero reafirma el perfil técnico que se busca consolidar en las áreas sensibles del Ministerio.

Con este movimiento, el oficialismo marca distancia de las interpretaciones que buscaban vincular la decisión con una supuesta interna tras los incidentes del Congreso. Por el contrario, lo que se plantea es una reafirmación de objetivos: avanzar con una política de seguridad firme, con respaldo normativo, capacidad operativa y cuadros profesionales a la altura del nuevo escenario.