Rosario: otros cinco policías fueron acusados de haber beneficiado a una banda narco

16:16 | Miércoles 26 de Marzo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La audiencia imputativa que comenzó la semana pasada en Rosario contra un grupo de policías sospechados de haber realizado maniobras para favorecer el posicionamiento de una banda narco en el barrio Parque Casas en detrimento de sus rivales, se reanudó este martes con más agentes sentados en el banquillo de los acusados. A los siete uniformados que estuvieron desde el principio ahora se le sumaron cinco más, indicaron fuents del caso a Infobae.

Los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci retomaron la acusación contra los policías de la brigada motorizada, el oficial Marcelo Borovachi y los suboficiales Jesús Soria, Dylan Pérez, Lucila Bellizzi, Ricardo Font y Rodrigo Ramírez.

Todos ellos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según resolvió el juez Hernán Postma. Misma medida rigió para los civiles Rubén “Rana” y Sandra Álvarez. El hombre está sindicado como vendedor de armas en Parque Casas, y la mujer como una dealer que habría mantenido un estrecho vínculo con algunos de los uniformados.

Ahora, los fiscales ahora agregaron al suboficial Oscar Alberto Pérez –también de la brigada motorizada–, la suboficial Fátima Aldana Bustamante, el comisario Mario Trejo y los subcomisarios Pablo Ferrer Amador y Alejandro Medini. Los cinco prestan funciones en la comisaría 10ª de la zona norte.

Junto a la médica policial Mara Romano –que estaba desde el inicio de la acusación– recuperaron la libertad por haber recibido medidas alternativas a la prisión preventiva, que habían sido acordada entre las partes.

El caso

Como ya publicó este medio, la trama delictiva comenzó cuando atacaron a tiros la casa de la presunta vendedora de droga Sandra Álvarez en julio del año pasado, ubicada en Castagnino al 1200.

Eso motivó que recibiera un régimen de custodia policial que fue asignado a la policía motorizada. A partir de la relación “amistosa” entre la mujer y el suboficial Soria es que se dio pie a un vínculo que buscó beneficios para ambos.

A la hora de citar un caso, Socca explicó que el 18 de noviembre pasado se llevó adelante un muy curioso procedimiento. Con datos brindados por Sandra Álvarez, el suboficial Dylan Pérez se comunicó telefónicamente con Rubén Gusmaroli, dijo llamarse Franco y expresó estar interesado en comprar dos pistolas que tenía conocimiento que las ofrecía a la venta.

Tras coordinar un encuentro, “Rana” Gusmaroli fue acompañado por otra persona al punto de encuentro acordado para la operación. Sin embargo, ambos fueron aprehendidos por Soria, Ramírez, Pérez y Bellizi, quienes cobraron una coima de dos millones de pesos, dejaron ir solo a Gusmaroli e informaron ante la Justicia la aprehensión de un sospechoso con una sola arma de fuego.

“Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Igual, nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data. Ya le dije dónde vive, cómo se llama, qué auto tiene, todo. Por lo menos en pelotudo no se va a poner. Si tira un huesito, mejor. Si no, ya está, tuvimos lo que queríamos”, le dijo Soria a la presunta dealer de la zona norte.

Los fiscales añadieron que antes de liberarlo Soria le pidió el teléfono a Gusmaroli y le pasó el suyo. La idea del suboficial era, según la causa, entablar diálogo para que le pase información.

En los días posteriores, el agente le escribió a través de WhatsApp con “Rana” y fue hasta la puerta de su casa, donde, a sabiendas de que el hombre estaba metido en el mundo delictivo, lo extorsionó de la siguiente manera: le dijo que venda su auto y le entregue 20 millones de pesos a cambio de que él no eleve datos suyos que conduzcan a su detención.

Socca también imputó a Soria, Borovachi, Font, Pérez y Bellizi por haber realizado un operativo presuntamente irregular el 27 de enero pasado en Superí al 2000, donde fueron detenidos un joven de 31 años y una mujer de 72 ante la sospecha de que vendían droga.

Sin embargo, se estableció que Bellizi les plantó nueve envoltorios de cocaína que tenía escondidos en su chaleco balístico, con el objetivo de que dicho estupefaciente sea el causal de los arrestos de ambos.

Los dos aprehendidos fueron llevados a audiencia imputativa y estuvieron presos 17 días, hasta que se resolvió archivar su causa y darles la libertad, ya que se había constatado que las declaraciones que figuraban de ambos en el acta de procedimiento habían sido inventadas por los policías, quienes también plantaron la droga.

Con el avance de las medidas, los fiscales pudieron establecer que el joven de 31 años era un ocasional comprador de estupefacientes, quien fue golpeado para que dé información sobre quiénes vendían en la zona para perjudicar a la banda de Marcelo “Frentudo” Fernández –ya preso e imputado–. Y que la mujer era la abuela de un menor sindicado como dealer de, aparentemente, esa organización.

Al ocasional comprador de droga, los agentes lo golpearon con un bastón en distintas partes del cuerpo, lo tiraron al suelo y le pisaron las manos. Con la excusa de demorarlo para la averiguación de antecedentes, lo trasladaron a la comisaría 10ª, donde se cometió un nuevo delito: la médica de policía Romano aseveró en el informe médico que el joven no tenía lesiones visibles, cuando dicha situación era falsa.

En este caso, fueron también imputados el suboficial Oscar Pérez de la Motorizada y los policías de la comisaría 10ª: la sumariante Bustamante, el comisario Trejo y los subcomisarios Amado Ferrer y Medini.

En el caso de Pérez por haber encubierto el accionar de sus compañeros de la fuerza de calle, y los uniformados de la seccional del distrito norte por haber participado en dejar allí alojados a los dos aprehendidos.

Trejo, Amado Ferrer y Bustamante, para los fiscales, imposibilitaron que la madre del consumidor de droga pueda visitarlo en la comisaría al estar demorado y también incumplieron la orden judicial de que sea revisado por un médico del joven. Esas maniobras, para los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, eran para demorar la constatación de la golpiza que había sufrido.

La víctima en cuestión fue examinada 19 días después de la detención ilegal y un médico forense aseguró que tenía varias lesiones en piernas y brazos.