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El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para sancionar a funcionarios que no defiendan el déficit cero

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se impulsará una iniciativa legislativa para penalizar a los funcionarios públicos que se aparten del compromiso fiscal. La medida busca reforzar la política de equilibrio presupuestario.

Jueves 28 de Agosto de 2025

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12:36 | Jueves 28 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a sancionar a los funcionarios que no respalden activamente la política de déficit cero. La iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno nacional de consolidar el equilibrio fiscal como eje rector de la administración pública.

Adorni señaló que el proyecto tiene como objetivo establecer responsabilidades concretas para quienes, desde cargos públicos, promuevan o avalen medidas que comprometan el orden fiscal. “El déficit cero no es negociable”, afirmó el portavoz, subrayando que la disciplina presupuestaria constituye un principio fundamental de la gestión encabezada por el presidente Javier Milei.

La propuesta legislativa contempla sanciones administrativas y eventualmente penales para aquellos funcionarios que impulsen decisiones contrarias al equilibrio de las cuentas públicas. Si bien aún no se han difundido los detalles técnicos del proyecto, se anticipa que incluirá mecanismos de control y evaluación del desempeño fiscal de los distintos niveles de gobierno.

El anuncio se produce en medio de un contexto político marcado por tensiones internas y denuncias que involucran a funcionarios en presuntos casos de corrupción. En ese marco, el gobierno busca reafirmar su compromiso con la transparencia y la austeridad, enviando una señal clara a la dirigencia política y a la ciudadanía.

Diversos sectores han reaccionado con cautela ante la iniciativa. Mientras algunos la interpretan como una herramienta para fortalecer la responsabilidad institucional, otros advierten sobre el riesgo de limitar el debate democrático en torno a las políticas económicas. El tratamiento legislativo del proyecto será clave para definir su alcance y viabilidad.

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