YPF en tribunales: la Argentina busca frenar la presión judicial de Burford en Nueva York

La pulseada judicial entre la Argentina y los fondos que litigan por la expropiación de YPF volvió este jueves al centro de la escena en Nueva York. Ante el tribunal de la jueza Loretta Preska, las partes se reencontraron en una audiencia de seguimiento que dejó al descubierto el choque entre una estrategia de presión creciente por parte de los demandantes y el intento del Estado argentino de poner límites jurídicos a esa ofensiva.

Desde la óptica oficial, la audiencia tuvo un carácter rutinario. La Procuración del Tesoro de la Nación subrayó que el encuentro estaba fijado desde fines del año pasado, antes de que los demandantes, encabezados por Burford Capital, activaran pedidos de sanciones y acusaciones de desacato.

Sin embargo, el tono de las presentaciones reveló que la disputa atraviesa una fase más áspera. Funcionarios argentinos describen la escalada como “inaceptable” y advierten que los requerimientos de información avanzan sobre terrenos que, tanto en el derecho interno como en el internacional, están protegidos por inmunidades soberanas.

El punto más sensible es el intento de obtener datos sobre activos estatales que quedarían fuera del alcance del discovery. En particular, la pretensión de acceder a información del Banco Central de la República Argentina fue presentada por la defensa como una extralimitación.

Exigirle al Banco Central que revele la localización de sus activos sería como forzar a la Reserva Federal a abrir sus balances al Tesoro estadounidense. En cualquier sistema jurídico serio, argumenta Buenos Aires, ese paralelismo resulta inadmisible.

Aun así, la Argentina reafirmó durante la audiencia su compromiso de completar la documentación pendiente sobre los temas ya acordados y de avanzar en los intercambios vinculados a comunicaciones de terceros dispuestos a cooperar.

Cómo sigue el calendario por el litigio entre Burford y el Estado argentino

El calendario inmediato anticipa nuevas tensiones. El 19 de febrero, el país presentará formalmente sus argumentos contra el pedido de sanciones y desacato. Antes, los demandantes deberán responder a la solicitud de suspensión, y luego llegará la réplica argentina. Con esos escritos sobre la mesa, el tribunal quedará en condiciones de decidir. Más allá del resultado puntual, el episodio ilustra un dilema recurrente en los litigios soberanos: hasta dónde puede llegar la búsqueda de activos sin erosionar principios básicos de inmunidad estatal.

Para la Argentina, la audiencia fue menos un trámite que un recordatorio de que, en este juicio, el verdadero campo de batalla no es solo económico, sino también institucional.