Delcy Rodríguez confirmó el cierre del Helicoide: cómo funcionaba el mayor centro de tortura de Venezuela

Luego de anunciar el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de amnistía general para presos políticos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó también el cierre definitivo del Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país.

La medida fue presentada como parte de un proceso de “reordenamiento institucional” y de revisión del sistema penitenciario, en un contexto marcado por excarcelaciones parciales y reclamos de organismos de derechos humanos.

Qué era el Helicoide

El Helicoide es una imponente estructura ubicada en Caracas, concebida originalmente en la década de 1950 como un centro comercial de vanguardia que nunca llegó a completarse. Con el paso de los años, el edificio fue reconvertido y quedó bajo control del servicio de inteligencia.

Durante décadas funcionó como sede del organismo de seguridad del Estado y como centro de detención, especialmente para opositores políticos, activistas y manifestantes, convirtiéndose en un símbolo del aparato represivo venezolano.

Denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos

Diversos testimonios de ex detenidos y denuncias de organizaciones humanitarias señalaron al Helicoide como un lugar donde se practicaron torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado, malos tratos y condiciones de detención extremas.

Por estas denuncias reiteradas, el edificio fue señalado a nivel internacional como el mayor centro de tortura del país, y uno de los principales emblemas de la persecución política en Venezuela.

El impacto del cierre y lo que viene

El anuncio del cierre del Helicoide tiene un fuerte impacto simbólico, ya que representa el fin de un espacio asociado durante años a la represión estatal y a las detenciones arbitrarias.

Según adelantaron fuentes oficiales, el futuro del edificio aún no está definido, aunque se evalúa su reconversión para usos civiles o sociales. Mientras tanto, organismos de derechos humanos reclaman que el cierre sea acompañado por garantías de no repetición y justicia para las víctimas.