¿Con qué números comienza el 2026 el Poder Judicial?

Los números son contundentes: el 37% de los cargos del Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentran vacantes, una cifra que representa aproximadamente 353 posiciones sin titular de un total de 1.002 cargos habilitados. La situación, que magistrados y funcionarios califican como "inédita", pone en riesgo el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto.

En diciembre pasado, el juez Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, advirtió sin rodeos que el país se encuentra en "una situación de emergencia judicial" debido a la cantidad sin precedentes de juzgados vacantes. "La situación de vacantes ya tiene cifras y porcentajes inéditos, y es un problema crónico porque el método de selección de magistrados es excesivamente lento", afirmó en diálogo radial, señalando que más del 30% de los cargos en la Justicia Nacional y Federal están sin cubrir.

En Comodoro Py, lugar donde se investiga a la política, cuatro de los doce juzgados de instrucción están vacantes. En los tribunales orales federales falta nombrar a siete magistrados de 24 cargos habilitados, mientras que en la Cámara Federal de Casación Penal tres de las 13 sillas permanecen vacías.

Las consecuencias son palpables. Jueces y fiscales deben duplicar funciones asumiendo responsabilidades adicionales mediante el sistema de subrogancias, un mecanismo de excepción que se ha convertido en norma. "El juez o el fiscal que debe hacerse cargo de otra oficina tiene que doblegar prestación en dos juzgados, situación que genera demoras en los procesos, una de las deudas que tenemos con los plazos judiciales", explicó Basso. Esta sobrecarga tiene un impacto directo sobre los tiempos procesales y el acceso a la justicia que la sociedad reclama.

En la cúspide del sistema judicial, la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda hace dos años. La otra vacante se mantiene desde 2021, cuando renunció Elena Highton de Nolasco. El intento del presidente Javier Milei de completar el máximo tribunal mediante la designación por decreto de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo fracasó en abril de 2025, cuando el Senado rechazó ambos pliegos. García-Mansilla estuvo apenas 39 días en el cargo antes de renunciar, mientras que Lijo nunca asumió.

Rosatti, en su carácter de presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, planteó el tema como su "principal preocupación" durante la cena anual de la Asociación de Magistrados en diciembre pasado. El magistrado alertó que si el mecanismo constitucional vigente no logra cubrir los puestos, siempre existe la amenaza de recurrir a sistemas menos republicanos, y también destacó que el máximo tribunal requiere unanimidad para fallar con solo tres miembros, una situación que complica seriamente su funcionamiento.

La crisis también se extiende a los ministerios públicos. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ocupa el cargo de manera interina desde diciembre de 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Su designación temporal se ha prolongado por casi ocho años, convirtiéndolo en el procurador con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia, superando a Esteban Righi. En el Ministerio Público Fiscal, las vacantes superan el 40% del total de cargos, cuestión que también preocupa en muchas fiscalías ante el advenimiento de la implementación del código procesal penal o "Sistema Acusatorio" en la justicia federal de Buenos Aires, el próximo 20 de abril.

Otro caso que reviste gravedad es el de la Defensoría General de la Nación, cargo que desde 2016 ostentaba Stella Maris Martínez, quien hoy cumple 75 años. El Gobierno decidió no extender su mandato y no envió al Senado el pliego para su continuidad. En su lugar asume de forma interina el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años. Con esta salida, las dos máximas autoridades del Ministerio Público quedaron en carácter transitorio. Actualmente el Ministerio Público de la Defensa registra 70 vacantes.

El Consejo de la Magistratura, organismo encargado de proponer, sancionar y remover jueces, atraviesa otro frente. Durante 2025 envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo, un desplome vertical comparado con las 96 de 2024. La cifra representa el nivel más bajo desde 2012 o 2013, años de alta tensión política entre el kirchnerismo y la Justicia. Al cierre de diciembre de 2025, existen 203 vacantes cuyos concursos ya terminaron, pero que aguardan en el escritorio de Javier Milei, mientras que otras 162 están en proceso de selección en el Consejo, con 80 concursos en trámite.

La gestión de Milei acumula un récord negativo en la materia. En dos años no realizó ninguna designación de magistrados, más allá de los intentos fallidos con la Corte Suprema y la renovación por límite de edad de dos jueces cuyos pliegos fueron enviados al Senado. La primera medida del gobierno en diciembre de 2023 fue retirar del Senado todos los pliegos enviados por Alberto Fernández que estaban pendientes de aprobación legislativa. Es la primera vez desde el año 2000 que el Poder Ejecutivo pasa un período tan prolongado sin designar jueces.

El Ministerio de Justicia señaló que tiene 223 pliegos listos para enviar al Senado, de los cuales 156 corresponden a cargos judiciales. El Gobierno ya tendría prácticamente definidos los nombres para cubrir 146 juzgados federales, 37 fiscalías y 45 defensorías públicas que permanecen vacantes. Según admiten en Casa Rosada, las designaciones permitirían cubrir más del 30% de los cargos sin titular en todo el sistema judicial. La estrategia, diseñada con cauto hermetismo por el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, busca desactivar lo que consideran una "bomba de tiempo institucional".

Desde Casa de Gobierno sostienen que tienen "casi todos listos" los expedientes y que, una vez retomada la actividad legislativa ordinaria en marzo, procederán a enviarlos. El objetivo es ambicioso: no será un envío gradgradual,o una "catarata" de expedientes que busque cubrir juzgados de primera instancia, cámaras, tribunales orales, fiscalías y defensorías. Para lograrlo, el oficialismo apuesta al pragmatismo y se ampara en el antecedente de la votación del Presupuesto 2026, donde consolidó una mayoría de 46 votos a favor contra 25 en contra en el Senado.

Sin embargo, la Corte Suprema presenta un panorama más complejo. El Gobierno anunció que retomará a finales del primer trimestre las negociaciones para cubrir las dos vacantes, pero no prevé avanzar en el corto plazo con el reemplazo del procurador general. Milei había señalado en enero que "mientras el kirchnerismo en el Senado tenga más de un tercio, no puedo enviar jueces", haciendo referencia al frustrado paso de los pliegos de Lijo y García-Mansilla.

La decisión de posponer los nombramientos durante 2025 fue directa del Presidente, quien priorizó la aprobación del Presupuesto 2026 y el tratamiento de proyectos en sesiones extraordinarias. Desde la cartera que comanda Mariano Cúneo Libarona evitaron dar detalles sobre los candidatos para la Corte.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky fue contundente al referirse al impacto que tiene la falta de definiciones. "La Corte Suprema debe estar completa para dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la justicia en la Argentina. Cuando faltan integrantes, no solo se ralentiza la actividad, sino que también se debilita la confianza pública", afirmó. Además, remarcó la urgencia de completar el cargo de procurador general: "Es importante que se complete el cargo de Procurador General de la Nación, que está vacante hace nueve años. Hay un procurador interino que es el más antiguo, pero un cargo tan sensible no debería quedar sin definición".

Otro agravante del año pasado ocurrió cuando cerca de medio centenar de jueces presentaron su renuncia sin haber alcanzado el límite de edad constitucional de 75 años. Si se suman los jueces que llegarán a esa edad durante este año y los que planean renunciar, las vacantes podrían ascender a 471 hacia fin de 2026, lo que representaría el 49,3% de los cargos habilitados: la mitad del Poder Judicial vacante.

El magistrado Andrés Basso sintetizó la gravedad del escenario: "Estamos en una situación de emergencia judicial. La situación se agrava en esta coyuntura puntual, porque no se han enviado pliegos al Senado para la designación de nuevos jueces". El presidente de la Asociación de Magistrados enfatizó que esta sobrecarga de tareas tiene consecuencias directas sobre los tiempos procesales y constituye una de las principales deudas pendientes del Poder Judicial con la sociedad en materia de acceso efectivo a la justicia.