En diálogo con Multiplataforma Fénix el abogado especialista en derechos de la infancia cuestionó la vigencia del decreto 22.278 de la dictadura y defendió la necesidad de sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil.
20:08 | Martes 17 de Febrero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fenix , Emilio García Méndez sostuvo que el debate sobre la responsabilidad penal juvenil no debe centrarse en la educación sino en la justicia. Señaló que Argentina es el único país de América Latina que aún no cuenta con una ley de responsabilidad penal juvenil y que continúa vigente el decreto 22.278, firmado en 1980 durante la última dictadura militar.
El especialista remarcó que, pese a haber existido mayorías parlamentarias durante años, no se avanzó en la derogación de ese régimen. En ese sentido, criticó lo que definió como un “falso progresismo” que, a su entender, bloqueó intentos serios de establecer un sistema penal juvenil diferenciado.
García Méndez explicó que existe una diferencia sustancial entre imputabilidad y responsabilidad penal juvenil. Mientras la primera implica tratar a los menores como adultos, la segunda establece un régimen especial acorde a su condición. Recordó que en 2009 el Senado aprobó por unanimidad un proyecto multipartidario, que posteriormente fue rechazado tras cuestionamientos que lo calificaron de punitivista.
También cuestionó el rol de sectores que, según indicó, defendieron la constitucionalidad del decreto de la dictadura y contribuyeron a su continuidad. Afirmó que el régimen vigente permitió situaciones extremas, como la imposición de penas de reclusión perpetua a menores de 18 años y la privación de libertad de menores de 16 sin debido proceso, lo que describió como una “caja negra” en términos de información pública y control institucional.
Respecto al proyecto actualmente en debate, consideró que la iniciativa original presentada por el Ejecutivo tenía deficiencias técnicas y un sesgo excesivamente represivo, pero destacó que el trabajo parlamentario introdujo modificaciones que lo convierten en un avance significativo, principalmente porque implicaría la derogación definitiva del decreto 22.278.
Finalmente, sostuvo que el tratamiento legislativo representa una oportunidad histórica para saldar una deuda institucional de más de cuatro décadas y establecer un régimen acorde a estándares democráticos y de derechos humanos.
