Causa Cuadernos: la Justicia deberá definir si acepta los planteos de los acusados para anular el juicio

08:58 | Lunes 09 de Marzo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Este martes se retomarán las audiencias por el juicio de la denominada causa Cuadernos y se conocerá si el Tribunal Oral Federal 7 acepta o rechaza los planteos interpuestos por las defensas de los imputados que buscan declarar la nulidad del proceso.

El primero de los planteos fue presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuando solicitó la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

También se objetó el uso de la Ley del Arrepentido y la autenticidad de los cuadernos de Oscar Centeno. De manera similar, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, pidió suspender el debate por pruebas pendientes.

Otro planteo destacado vino de la defensa del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, que solicitó el sobreseimiento por prescripción de los delitos, alegando que ya habían caducado cuando fue indagado, dado que llevaba años fuera de la función pública.

También varias defensas insistieron en apartar a la UIF como querella, lo que eliminaría sus acusaciones del proceso.

En la última audiencia, la fiscal Fabiana León opinó que estos argumentos no deben prosperar y alertó sobre el riesgo de prescripción para algunos delitos si las estrategias defensivas logran extender el proceso.

Si los jueces rechazan los planteos presentados, el debate pasaría a la etapa de las declaraciones indagatorias de los imputados y esto abrirá un nuevo conflicto que ya fue planteado por la fiscalía: la presencialidad.

La fiscalía pidió en reiteradas oportunidades al tribunal integrado por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero que se abandone la modalidad virtual y el juicio pase a realizarse de forma presencial en el edificio de Comodoro Py. El TOF 7 es el único que sigue funcionando en el Palacio de Tribunales.

Durante su exposición, la fiscal aseguró que para que esta causa llegue a juicio, tuvieron que soportar “expresiones de todo tipo, operaciones de prensa, todo tipo de situaciones que han sido inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral, que es la forma en que deben resolverse este tipo de cuestiones”.

“Esos obstáculos son reeditados, nuevamente, en un intento vano de evitar la puesta en conocimiento, por parte de la sociedad completa, de los hechos que, sostenemos los acusadores, ha acontecido y la forma en que ellos han ocurrido; que podamos mostrar las pruebas, que podamos sostener nuestros argumentos en la forma correcta”, agregó la fiscal al rechazar todos los planteos interpuestos.

León también se refirió a las recusaciones de los jueces que intentaron varios imputados: “¿A quién se juzga? ¿Quiénes son los que están juzgados en este debate? ¿Es la Justicia Federal o son las personas que se encuentran imputadas, por existir una sospecha de la comisión seria de delitos contra el Estado nacional?”.

En la misma línea, la representante del Ministerio Público Fiscal se despachó en contra de los empresarios que pidieron que se anule su declaración como testigos arrepentidos. “Ahora los abogados vienen a denunciar el acuerdo. La fiscalía encantada. Iremos con la pena completa. Si van a denunciar el acuerdo, bueno, el acuerdo se retira”, dijo la fiscal.

La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.