Ofrecen 20 millones de pesos de recompensa para quien aporte datos sobre el paradero de Galvarino Apablaza

14:27 | Viernes 03 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 20 millones de pesos para quien aporte información sobre el paradero del ciudadano chileno Galvarino Apablaza, que cuenta con un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro.

E Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que asegura que Apablaza Guerra “se encuentra prófugo de la justicia federal argentina y pesa sobre él una orden de detención para ser extraditado a Chile y luego ser juzgado en ese país por graves delitos vinculados al terrorismo”.

Apablaza, sobre el que recae un pedido de captura nacional e internacional desde el pasado martes, es el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile y está acusado como autor intelectual del asesinato del exsenador chileno Jaime Guzmán y del secuestro del empresario Cristián Edwards.

 

 

El prófugo se radicó hace más de dos décadas en la Argentina y, el pasado miércoles, en un nuevo aniversario del crimen de Guzmán, la policía iba a detenerlo con fines de extradición en Moreno, pero no lo encontraron y pasó a ser un prófugo de la Justicia.

Según informaron autoridades chilenas, el plan coordinado preveía que Apablaza fuera trasladado por la Policía de Investigaciones de Chile en un vuelo no comercial hacia Santiago, para su ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad mientras se sustancia el proceso penal por el crimen de Guzmán y otros hechos.

Tras el operativo frustrado, el Ministerio del Interior de Chile confirmó que el exguerrillero no fue hallado en su domicilio argentino y solicitó formalmente información adicional a Buenos Aires, mientras que el gobierno argentino aseguró que las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda y mantienen el intercambio con las autoridades trasandinas.

Desde la defensa de Apablaza se cuestionó la legalidad de la detención ordenada en Argentina, con el argumento de que la revocación del estatus de refugiado no estaría firme y que, en consecuencia, seguirían vigentes las protecciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.