Decreto 219 : cómo funciona el esquema de adelantos que La Rioja deberá devolver con intereses

08:43 | Martes 07 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El alivio tiene letra chica. La Rioja figura en el Decreto 219/2026 que el gobierno de Javier Milei publicó este lunes en el Boletín Oficial, la norma que habilita a doce provincias a solicitar adelantos de coparticipación por un total de hasta $400.000 millones. Pero lo que a primera vista parece una asistencia de emergencia es, en realidad, un préstamo con tasa de interés del 15% anual que deberá ser devuelto dentro del mismo ejercicio fiscal 2026, mediante retenciones automáticas sobre los propios fondos coparticipables que la provincia reciba en los próximos meses. Dicho en términos llanos: La Rioja recibirá dinero ahora y lo pagará con los recursos que le corresponden por ley más adelante.

El mecanismo, además, concentra un poder de negociación considerable en manos del ministro de Economía, Luis Caputo. El decreto establece que la Secretaría de Hacienda es quien define el monto que corresponde a cada jurisdicción, en función de su capacidad de pago y su participación en la recaudación de tributos nacionales. No hay un criterio objetivo ni un reparto automático: es una negociación bilateral, provincia por provincia, en la que el Gobierno nacional lleva todas las cartas. «Hasta el momento no hay ningún tipo de definición por parte de Economía sobre cómo y cuándo se van a distribuir los adelantos», confirmaron fuentes oficiales, lo que mantiene a los gobernadores en una posición de espera y dependencia.

La trampa del préstamo

Una fuente provincial consultada en off the record describió la dinámica con precisión: «Las doce lo van a pedir. Ya está acordado, cada uno pidió un adelanto en base a necesidades y el Gobierno ordenó el número». La declaración revela que el esquema no es tan espontáneo como lo presenta el decreto: hubo negociaciones previas, acuerdos tácitos y, presumiblemente, compromisos políticos implícitos entre cada provincia y la Casa Rosada.

El diputado nacional Guillermo Michel, uno de los que con mayor detalle analizó el decreto, fue directo al señalar sus limitaciones: «En el primer trimestre de 2026 las provincias vieron una merma en los recursos tributarios coparticipables de $1,1 billones. Frente a esta situación, el Gobierno decide compensar de manera selectiva a determinadas provincias con un monto que, en el mejor de los casos, llegará al 36% de lo que perdieron, pero debiendo pagar intereses del 15% anual». La conclusión es contundente: el auxilio no cubre ni la mitad del daño real, y encima tiene costo financiero.

Para La Rioja, que acumula una de las situaciones fiscales más delicadas del interior del país, la ecuación es especialmente compleja. La provincia recibe por coparticipación una porción de los recursos nacionales que en el primer trimestre del año cayeron un 5,6% en términos reales respecto al mismo período de 2025. Esa merma, sumada a la casi nula capacidad de generación de recursos propios —La Rioja tiene una de las estructuras tributarias provinciales más débiles del país—, convierte cada peso de adelanto en una decisión de alto riesgo: el alivio de hoy se transforma en la restricción de mañana.

Quiénes quedan adentro y quiénes afuera

El listado de las doce provincias beneficiadas —Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán— no es inocente. La mayoría mantiene algún grado de alineamiento político con la Casa Rosada, aunque hay dos excepciones notorias: Tierra del Fuego y La Rioja, cuyos gobernadores han sido críticos del gobierno de Milei. Su inclusión fue leída en clave pragmática: evitar un colapso fiscal en cascada en provincias que, de no recibir asistencia, podrían recurrir al endeudamiento externo para pagar salarios estatales, algo que el Ejecutivo nacional busca evitar explícitamente.

Del otro lado del mostrador quedaron once distritos sin acceso al esquema: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. Algunos, como Buenos Aires, están en abierto conflicto judicial con la Nación. Otros, como Córdoba, cerraron acuerdos paralelos —como el convenio con Anses por la Caja de Jubilaciones— que los dejaron fuera de esta operatoria. La exclusión de Buenos Aires, la provincia más populosa del país, profundizó las tensiones con el gobierno de Kicillof, que ya acumula ocho demandas judiciales contra el Ejecutivo nacional.

El IVA que no repunta y la recaudación que preocupa

El trasfondo del decreto es una recaudación nacional que no logra recuperarse. En marzo se registró la octava caída consecutiva, con un total de $16,07 billones recaudados. El IVA —el principal termómetro del consumo— creció apenas un 28,7% interanual, por debajo de la inflación del 33% registrada en febrero. Eso significa que el consumo real sigue cayendo, lo que impacta directamente en los giros automáticos a las provincias.

Caputo intentó relativizar el dato en una entrevista reciente, argumentando que la baja se explica por la eliminación de impuestos que el Gobierno llevó adelante. El único indicador que acompaña esa lectura es el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, que creció un 38,4% interanual, por encima de la inflación. Pero ese tributo es uno solo dentro de una estructura recaudatoria amplia, y no alcanza para compensar la debilidad del consumo y la actividad en sectores como la construcción, la industria y el comercio.

Lo que La Rioja necesita entender

Desde la perspectiva riojana, el Decreto 219 plantea una paradoja que el gobierno de Ricardo Quintela deberá gestionar con cuidado político y financiero. Aceptar el adelanto es reconocer públicamente la gravedad de la situación fiscal provincial —algo que el decreto ya explicita al hablar de la «imposibilidad transitoria de atender compromisos urgentes»—, pero rechazarlo equivale a renunciar a un recurso que la provincia necesita con urgencia para sostener su aparato estatal.

La clave estará en el monto que Hacienda autorice para La Rioja y en los plazos de devolución. Si la Secretaría de Hacienda fija un anticipo insuficiente o impone condiciones demasiado estrictas, el alivio será marginal y el costo político de haberse sometido a la discrecionalidad de Caputo habrá sido en vano. Si la negociación resulta favorable, el Gobierno nacional habrá logrado lo que buscaba desde el principio: atar a La Rioja, aunque sea temporalmente, a una lógica de diálogo que Quintela había resistido con firmeza durante más de dos años.

Por: Eduardo German