Consejo Federal de Discapacidad: La Rioja abre la inscripción de ONGs para elegir a su representante

18:13 | Sábado 18 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La definición se da en un escenario cargado, tras la reglamentación de la Ley 27.793 por decreto judicialmente forzado y con el Consejo Federal convertido en un actor central de la implementación de la emergencia nacional.

El Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de la provincia de La Rioja lanzó una convocatoria pública para que las organizaciones de la sociedad civil con trabajo exclusivo en discapacidad se postulen a ocupar los cargos de representante titular y suplente ante el Consejo Federal de Discapacidad. La selección se realizará el próximo 30 de abril, a las 10, en la sede ministerial de calle Los Caudillos 22, 3° piso, de la ciudad capital. El llamado fue oficializado a través de la Resolución M.D.I.I.S. Nº 161/26, firmada en el marco del procedimiento que cada jurisdicción debe garantizar para integrar el órgano federal.

El momento no es casual. La designación se produce cuando el Consejo Federal —creado por la Ley 24.657 en 1996 e integrado por funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil— quedó colocado en el centro de la gestión de la Emergencia Nacional en Discapacidad, luego de una disputa institucional y judicial que enfrentó al Gobierno nacional con el Congreso y con el fuero federal de Campana.

Requisitos para las ONGs riojanas

La resolución fija cuatro condiciones que las entidades deben cumplir para ser admitidas. En primer lugar, acreditar inscripción vigente en el Registro Nacional o Provincial de Personas Jurídicas, con una constancia expedida dentro de los seis meses previos a la elección. En segundo lugar, presentar copia certificada íntegra de los estatutos sociales y sus modificaciones; si los estatutos no especifican a los firmantes, deberá acompañarse el acta de designación. En tercer lugar, demostrar una antigüedad mínima de dos años desde la solicitud de inscripción. Finalmente, adjuntar la nómina de autoridades vigentes con carácter de declaración jurada.

El trámite lo conduce la Dirección General de Despacho de la cartera, a cargo de Mirta Boix, según consta en el acto administrativo. La exigencia de «objeto social exclusivo» en discapacidad apunta a excluir a organizaciones multipropósito y concentrar la representación en entidades especializadas, un criterio habitual en procesos similares de otras jurisdicciones.

Un foro que ganó peso inesperado

El Consejo Federal de Discapacidad atravesaba, hasta mediados de 2025, una actividad rutinaria como ámbito de articulación interjurisdiccional. Esa dinámica cambió con la sanción de la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026 —prorrogable por un año— y le asignó al Consejo un rol operativo en la auditoría de pensiones no contributivas y en la definición de parámetros de evaluación socioeconómica.

El Decreto 84/2026, dictado el 3 de febrero bajo presión del Juzgado Federal de Campana, reforzó esa centralidad. La reglamentación establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad, hoy bajo la órbita del Ministerio de Salud, debe convocar al Consejo Federal para consensuar los criterios de evaluación y presentar un plan de auditorías periódicas. Además, dispone que las medidas adicionales acordadas en ese ámbito se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa estructura convierte a cada representante provincial —y a las ONGs que ocupan los cupos de sociedad civil— en actores con incidencia directa sobre cómo se ejecuta la emergencia en su territorio: desde el alcance de las auditorías hasta la articulación en la conversión de oficio de las pensiones vigentes al nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

La pelea de fondo que envuelve a la convocatoria

La convocatoria riojana se inscribe en un conflicto político que excede con amplitud a la provincia. La Ley 27.793 fue sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 tras el rechazo legislativo al veto total que había dispuesto el presidente Javier Milei por Decreto 534/25. El Poder Ejecutivo, sin embargo, suspendió la aplicación por falta de partidas presupuestarias, una decisión que el juez federal Adrián González Charvay declaró inválida en diciembre al ordenar la puesta en marcha inmediata. La reglamentación llegó sobre el vencimiento del plazo judicial y con una aclaración inusual: el decreto de Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger sostiene que su dictado se produce «sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad» con los fundamentos del fallo.

La hoja de ruta legislativa del oficialismo prevé, además, una reforma de la propia ley con criterios más restrictivos para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, en línea con la posición gubernamental que cuestionó la ampliación de beneficiarios proyectada por la norma vigente. En ese contexto, la discusión sobre las auditorías y los parámetros que se acuerden en el Consejo Federal anticipa un terreno de disputa concreta entre la Nación y las jurisdicciones.

La Rioja, entre la dependencia y la representación

Para La Rioja, el procedimiento reviste un interés doble. Por un lado, se trata de una provincia con alta dependencia de transferencias nacionales y con un entramado de prestadores y beneficiarios del sistema de discapacidad que se vio especialmente expuesto al retraso en la actualización de aranceles y a las demoras en la regularización de deudas que la ley buscó corregir. Por otro, la gestión de Ricardo Quintela sostiene desde hace meses una confrontación abierta con el Gobierno nacional por la coparticipación y por las condiciones en las que se giran los fondos discrecionales, un conflicto en el que la política de discapacidad ha sido uno de los frentes simbólicos más sensibles.

La ONG que resulte electa el 30 de abril no solo representará al universo de entidades riojanas del sector en el foro federal: ocupará una silla en un espacio institucional que, luego del Decreto 84/2026, pasó a ser un engranaje de la implementación efectiva de la emergencia. La selección, entonces, trasciende el plano administrativo y se proyecta sobre la definición de cómo llegarán a la provincia las herramientas —auditorías, compensaciones, esquemas de cofinanciamiento— que la ley más discutida del último año legislativo dejó en manos del diálogo federal.