Financiamiento Universitario: el Gobierno citará a rectores en los próximos días y atrasa la búsqueda de votos

En el mismo día que se anunció la marcha universitaria para el 12 de mayo, el Gobierno informó este martes que prevé convocar a los rectores de las principales casas de estudio a una pronta reunión para definir la reforma a la ley de financiamiento universitario y atender los reclamos salariales de los docentes y no docentes.

Fuentes oficiales consultadas por MDZ señalaron que se comunicarán con las autoridades académicas esta semana y buscan citarlos a un encuentro "a finales de abril o comienzos de mayo". De esta manera, el Ejecutivo buscará minimizar la movilización y evitar que las universidades se opongan al proyecto que enviará la Casa Rosada.

Además de convencerlos de la solvencia para el funcionamiento de las universidades, los funcionarios reconocerán la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses, como parte de la negociación para que acompañen el expediente.

Convocatoria a rectores y la estrategia para desactivar la movilización

En las últimas semanas los rectores advirtieron que los salarios alcanzaron su nivel más bajo en los últimos 23 años. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios aumentaron un 158%, ante una inflación del 280%.

Si bien admitirán un desfasaje salarial, no se acercarán al reclamo de los rectores y los sindicatos que piden una recomposición cercana al 50%.

El Gobierno volvió a apelar la ley de financiamiento universitario

NA

Esta inminente convocatoria se enmarca en una reciente presentación de los abogados del Estado mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que le obliga a cumplir la ley y transferirle $2.5 billones a las facultades.

El proyecto libertario se giró en febrero al Congreso y nunca se trató por falta de apoyo de los aliados. Mientras la ley vigente establece la recuperación de ingresos desde diciembre de 2023, que en la práctica no se aplica por la apelación judicial, el proyecto del Ejecutivo propone un esquema de aumentos escalonados para docentes y no docentes: 4,1% en marzo de 2026, otro 4,1% en julio y un último tramo en septiembre. Esto podría modificarse en la reunión con los rectores.

Reforma de la ley y el fin de la actualización por inflación

Aunque el proyecto conserva la obligación de abrir paritarias cada tres meses, elimina un punto clave del esquema actual: la garantía de que los acuerdos aseguren “en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”. En la práctica, esto implica despegar los aumentos de la evolución directa de los precios.

El Gobierno sostiene que el esquema vigente resulta de difícil aplicación porque no contempla una fuente de financiamiento específica, lo que, según su visión, pone en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. En esa línea, la propuesta oficial busca “ordenar” el financiamiento del sistema universitario dentro de los límites del Presupuesto nacional.

Además, el texto introduce modificaciones en los criterios de asignación de recursos, con una mayor discrecionalidad del Ejecutivo para definir prioridades y etapas de actualización. Esto implica un corrimiento respecto del modelo anterior, que fijaba obligaciones más rígidas para garantizar la recuperación del poder adquisitivo perdido por la inflación.

Discrecionalidad presupuestaria y cláusula de sostenibilidad fiscal

Otro punto específico es el tratamiento de las becas estudiantiles. La iniciativa oficial no marca un mecanismo de indexación como el que fija la ley actual, sino que delega en el Poder Ejecutivo la determinación de montos y aumentos, también atados a criterios presupuestarios generales.

El proyecto también modifica el alcance de las obligaciones del Estado en ciencia y técnica dentro de las universidades. A diferencia de la norma vigente, que incorpora financiamiento para actividades de investigación y desarrollo con actualización automática, el texto del Ejecutivo no fija porcentajes ni fórmulas, sino que remite estas partidas a la planificación presupuestaria anual.

Un aspecto central de la propuesta es la incorporación de una cláusula de sostenibilidad fiscal. Allí se establece que cualquier actualización de partidas deberá ser compatible con el equilibrio financiero del Estado nacional, lo que funciona como límite explícito a aumentos automáticos del gasto.