18:00 | Domingo 03 de Mayo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El podio nacional lo encabeza con holgura San Juan, que concentra US$33.000 millones distribuidos en 8 proyectos —el 54% del capital total comprometido en el país—, seguida por Salta con 11 proyectos por US$14.600 millones y Catamarca con 8 proyectos por US$8.000 millones. Más atrás aparecen Jujuy (3 proyectos, US$2.500 millones), los desarrollos compartidos entre Salta y Catamarca (2 proyectos, US$1.500 millones), Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, todas con cifras menores. La Rioja, en cambio, no figura siquiera con una unidad simbólica.

La paradoja de Vicuña-Josemaría

El dato cobra particular relevancia política si se observa que el ranking sanjuanino se infla con el proyecto Vicuña-Josemaría, el desarrollo cuprífero impulsado por la joint venture entre Lundin Mining y BHP que se localiza en una zona cuya jurisdicción es disputada por La Rioja. La provincia que gobierna Ricardo Quintela sostiene que el yacimiento se encuentra en territorio riojano y reclama la soberanía fronteriza apoyándose en cuestionamientos a la Ley 18.004, sancionada bajo la dictadura de Onganía, que fijó los límites con San Juan.

El conflicto escaló judicialmente en los últimos meses con la decisión de la jueza chileciteña María Greta Decker, que dispuso la suspensión del acceso por la Ruta Provincial 506 mientras se resuelve la cuestión limítrofe. La pulseada se trasladó también al plano administrativo, con cuestionamientos al permiso de la DIA ambiental y declaraciones cruzadas entre CASEMI, Vicuña Corp. —cuyo country manager es José Luis Morea— y los pobladores de General Lamadrid, que reclaman participación en los beneficios del eventual desarrollo.

El factor RIGI y la decisión política

La ausencia de La Rioja en el mapa de inversiones mineras no responde únicamente a la geografía o a la disputa con San Juan. Pesa también la decisión política del gobierno provincial de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establecido por la Ley Bases del gobierno de Javier Milei, una herramienta que las jurisdicciones competidoras —en particular Catamarca y San Juan— sí incorporaron a su matriz normativa para captar capital de riesgo a gran escala.

La negativa riojana al RIGI se inscribe en la confrontación más amplia que el gobernador Quintela mantiene con la administración nacional por la coparticipación federal y por el rumbo del modelo económico libertario. Pero el costo de esa posición política se refleja con nitidez en la cartera de proyectos: mientras Catamarca y San Juan exhiben US$41.000 millones combinados de inversión declarada en una región geológicamente continua con La Rioja, la provincia de Quintela queda fuera del flujo

La sombra de Famatina

A los factores políticos coyunturales se suma una herencia más profunda: la consolidación de una matriz social y judicial reactiva a la actividad minera tras los conflictos de Famatina, que entre 2007 y 2012 pusieron a la provincia en el centro del debate ambiental nacional. Aquella experiencia decantó en una Ley de prohibición de la minería a cielo abierto con uso de cianuro y en una cultura de movilización comunitaria que aún hoy condiciona cualquier intento de avance sobre proyectos metalíferos. La Rioja construyó así, durante más de una década, una identidad provincial articulada en torno a la «no minería» que hoy choca con la realidad de tener vecinos —Catamarca al norte, San Juan al sur— que avanzan exactamente en la dirección contraria.

Catamarca: el espejo incómodo

La comparación con Catamarca resulta particularmente elocuente. La provincia que gobierna Raúl Jalil comparte con La Rioja características demográficas, territoriales y geológicas, pero exhibe 8 proyectos en cartera por US$8.000 millones, una cifra equivalente al 13% del capital minero declarado a nivel nacional. La divergencia estructural entre ambas provincias —que el economista riojano José Nicolás Casas viene documentando con datos de exportaciones y empleo registrado— encuentra en este mapa una expresión gráfica difícil de discutir: dos jurisdicciones con condiciones de partida similares y trayectorias económicas que se separan en la dirección que marca el capital extractivo.

El dato político de cara a 2027

La ausencia de La Rioja en la cartera oficial de proyectos mineros se convierte en un dato político de primera magnitud en la antesala del ciclo electoral 2027. La provincia enfrenta el desafío de financiar su estructura estatal en un contexto de caída sostenida de las transferencias automáticas —que acumularon una pérdida real del 6,4% en el primer cuatrimestre de este año— y con un default vigente del Parque Eólico Arauco que mantiene activa la litigiosidad financiera en tribunales federales de Estados Unidos. En ese cuadro fiscal cerrado, el horizonte minero aparece como la única vía concreta de generación de divisas que sus provincias vecinas ya están transitando.

La Rioja: una decisión que se paga en dólares

Para el gobierno provincial, el mapa difundido por la Secretaría de Minería expone con crudeza el costo de oportunidad de las decisiones políticas adoptadas en los últimos años. Mientras San Juan se prepara para recibir más de US$33.000 millones de inversión declarada en sus yacimientos cupríferos —algunos de ellos en zona reclamada por La Rioja—, la provincia riojana no logra siquiera un proyecto simbólico que la incorpore al cuadro nacional. La discusión sobre el límite con San Juan, sobre la adhesión al RIGI y sobre la herencia de Famatina ya no es solo un debate ideológico: es la diferencia entre estar adentro o afuera del único flujo de capital extranjero significativo que registra hoy la economía argentina.