El Gobierno presentó el Súper RIGI: durará cinco años y el mínimo de inversión será de US$ 1.000 millones

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper RIGI”, que apuntará a inversiones de al menos US$ 1.000 millones de sectores que actualmente no operan en la Argentina. El esquema estará vigente por 5 años si fuese aprobado por el parlamento.

Según el texto de ley, es una iniciativa orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades consideradas nuevas para la economía argentina. El mensaje que acompaña al articulado establece que el objetivo es captar proyectos vinculados a industrias como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.

El texto establece que el régimen estará destinado exclusivamente a proyectos que impliquen el desarrollo de actividades que “no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Además, aclara que quedarán excluidas las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de instalaciones ya existentes.

Para acceder al esquema, las inversiones deberán canalizarse mediante “Vehículos de Proyecto Único” (VPU), sociedades creadas exclusivamente para cada emprendimiento. El proyecto fija un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones por iniciativa y exige ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión.

Entre los principales beneficios, el proyecto prevé una alícuota reducida de 15% en el Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos, un régimen de amortización acelerada y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. También contempla una rreducción en la carga sobre dividendos y utilidades, que bajaría al 3,5% luego de cuatro años desde la adhesión al régimen.

La iniciativa incorpora además beneficios aduaneros y cambiarios. Por un lado, exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto y a los productos exportados bajo el régimen. Por otro, habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% al primer año desde la primera exportación, 40% al segundo y 100% al tercero.

En materia de estabilidad jurídica, el proyecto garantiza un plazo de 30 años de estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social. También prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional.

El texto establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos localizados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales. Además, señala que cualquier norma local que limite o altere los incentivos previstos podrá ser considerada “nula de nulidad absoluta e insanable”.