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La publicación destacó como un "hito histórico" la graduación universitaria de un interno condenado por abuso sexual contra una niña. La difusión generó un fuerte rechazo en redes sociales y cuestionamientos de distintos sectores.
Lunes 01 de Junio de 2026
12:31 | Lunes 01 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Una publicación realizada por el Servicio Penitenciario Provincial desató una fuerte polémica luego de que la institución felicitara públicamente a Walter Denis Pereira Fincati por haberse recibido de licenciado en Psicopedagogía mientras cumple una condena por abuso sexual contra una menor de edad.
En el comunicado oficial, el organismo calificó el hecho como un "hito histórico" al tratarse del primer egresado universitario dentro del contexto de encierro en la provincia. Además, destacó el acceso a la educación superior como una herramienta de inclusión y reinserción social.
Sin embargo, la difusión provocó numerosas críticas debido a que Pereira Fincati fue condenado a diez años de prisión por abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación de una niña de ocho años, de quien era profesor particular.
En diálogo con Fénix, la abogada Soledad Varas, quien intervino como querellante en la causa, sostuvo que el malestar social no está vinculado al derecho a la educación de las personas privadas de la libertad, sino a la forma en que fue presentada la noticia.
"Lo que causa malestar es la falta de empatía de festejar y celebrar como un hito a una persona que se recibe de psicopedagogo y va a trabajar con niños", manifestó.
La letrada recordó que la condena fue dictada en 2020 y explicó que el delito fue agravado por la condición de educador del condenado y la relación de confianza que mantenía con la víctima.
La publicación generó una ola de cuestionamientos en redes sociales, donde profesionales, docentes y ciudadanos expresaron su rechazo a la celebración institucional del logro académico, considerando que se trata de una persona condenada por un delito contra una menor de edad.
Además, surgieron interrogantes sobre la posibilidad de que el condenado pueda ejercer la profesión una vez que recupere la libertad. En ese sentido, Varas señaló que será competencia de los organismos profesionales correspondientes analizar los antecedentes del egresado al momento de solicitar la matrícula habilitante.
La controversia instaló un debate sobre los límites entre las políticas de reinserción social y la sensibilidad que deben tener las instituciones públicas frente a delitos que involucran a niños y adolescentes.
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