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La Corte Suprema dejó firme una sentencia que ordena a la provincia de Buenos Aires resarcir económicamente a la familia de Delfina “Petty” Curuil.
Jueves 18 de Junio de 2026
18:16 | Jueves 18 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de la provincia de Buenos Aires y dejó firme una condena que obliga al Estado bonaerense a indemnizar a la familia de una mujer que denunció amenazas y hostigamiento antes de ser asesinada en un femicidio.
La víctima fue Delfina “Petty” Curuil, de 62 años, quien fue degollada el 2 de marzo de 2009 en su vivienda de Bahía Blanca por Adrián Andrés Gon, de 25 años. Según surge del caso, el agresor había hecho llegar amenazas previamente y la mujer realizó varias denuncias y pedidos de ayuda sin obtener asistencia.
Posteriormente, la hija de Curuil, en representación propia y de sus hijos, promovió una demanda contra el autor del crimen y contra la provincia de Buenos Aires en reclamo de una reparación económica por los daños sufridos. La presentación sostuvo que existió una inacción de las fuerzas de seguridad al no implementar mecanismos preventivos y de protección pese a las denuncias formuladas por la víctima.
El juzgado interviniente hizo lugar a la demanda por daño moral y atribuyó el 80 por ciento de la responsabilidad al asesino y el 20 por ciento a la provincia de Buenos Aires. Luego, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la sentencia y elevó los montos fijados.
La provincia apeló al sostener que no existía relación causal entre el homicidio y su actuación, y argumentó que las denuncias habían sido tramitadas por los organismos correspondientes. Sin embargo, la Suprema Corte bonaerense rechazó ese planteo y confirmó la indemnización.
Conforme al fallo que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el máximo tribunal provincial consideró acreditada la “inercia” y el “desinterés” de funcionarios y autoridades frente a los reiterados pedidos de intervención de la víctima, y señaló que las denuncias constituyeron una “alerta temprana” sobre el riesgo existente.
Contra esa decisión, la Fiscalía de Estado bonaerense presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el planteo y dejaron firme la condena indemnizatoria.
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