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La Rioja: la baja de programas nacionales afectará a 12.000 beneficiarios y reducirá el consumo en $1000 millones

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión del programa social «Volver al Trabajo» —ex Potenciar Trabajo— generó preocupación en los sectores más vulnerables de La Rioja.

Jueves 16 de Julio de 2026

21:20 | Jueves 16 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Según advirtió la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) local, la medida impactará de manera directa en unos 12.000 beneficiarios de la provincia.

El conflicto se profundizó luego de que la Justicia federal de San Martín hiciera lugar a una apelación del Ministerio de Capital Humano, dejando sin efecto una medida cautelar que obligaba a sostener los pagos del programa. De este modo, se habilitó la interrupción del beneficio mensual de 78.000 pesos.

Desde la UTEP provincial, su titular Arnold Díaz alertó sobre el fuerte impacto económico que tendrá la medida en el circuito local. “Esto implica una pérdida de 1000 millones de pesos mensuales en el consumo interno. Se trata de ingresos que se destinan íntegramente a comercios barriales y de cercanía”, explicó.

A nivel nacional, la resolución judicial implica la suspensión de ingresos para cerca de 900.000 beneficiarios y un recorte estimado en 72.000 millones de pesos destinados a sectores vulnerables.

En este contexto, las organizaciones sociales anticiparon un endurecimiento del plan de lucha en la provincia. Si bien el clima social se vio momentáneamente atenuado por el contexto deportivo, desde la UTEP señalaron que en los próximos días podrían concretarse movilizaciones, protestas e incluso cortes de ruta.

La estrategia incluye convocar a distintos sectores, como la CGT local, organizaciones religiosas y entidades comunitarias, con el objetivo de ampliar el reclamo. “El ajuste no solo afecta a la economía popular, sino también de manera indirecta a trabajadores formales y a la clase media”, sostuvo Díaz.

Asimismo, el dirigente cuestionó la intención del Gobierno de reemplazar los programas sociales por esquemas de capacitación laboral. “Son políticas que ya fracasaron y que no lograron resolver la informalidad ni generar empleo genuino”, afirmó.

Por último, Díaz destacó la postura del gobierno provincial frente a las medidas nacionales, aunque expresó preocupación por el acompañamiento de otros mandatarios a políticas que, según indicó, “terminan perjudicando a los sectores más vulnerables mientras benefician a los más concentrados de la economía”.

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