La abogada Eva Wamba destacó la creación del Código de Ética Judicial como un avance, pero cuestionó la falta de participación de otros sectores vinculados a la Justicia y pidió conocer cómo se conformará el Tribunal de Ética.
19:15 | Martes 18 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La abogada Eva Maricel Wamba Ortiz analizó en diálogo con Fenix la reciente implementación del Código de Ética Judicial en La Rioja y consideró que representa un avance para el sistema de Justicia provincial.
Explicó que la normativa establece principios y conductas esperables de quienes ejercen la magistratura. “A un juez, por su función, se le exige algo más, no es solamente que dicte una sentencia conforme a derecho”, señaló.
En ese sentido, destacó valores como la independencia, imparcialidad, transparencia, integridad, prudencia y buen trato, además de la necesidad de promover la confianza de la sociedad en la Justicia.
Cuestionamientos por la falta de participación
Wamba Ortiz señaló que el Código fue aprobado mediante un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia y cuestionó que, según su análisis, no se haya dado participación al Consejo Profesional de Abogados ni a otras instituciones vinculadas al sistema judicial.
“La política judicial es aquella política que implementa el Tribunal Superior de Justicia cuando crea, organiza y establece normas para el mejoramiento de la Justicia, que no es lo mismo que la política partidaria”, explicó.
Sin embargo, sostuvo que cuando se adoptan este tipo de medidas debería escucharse a todos los sectores que forman parte del sistema judicial, entre ellos abogados, magistrados y las instituciones profesionales.
Los antecedentes de otras provincias
La abogada recordó que La Rioja no es la primera provincia en implementar un Código de Ética Judicial y mencionó como antecedentes a Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Corrientes.
En ese sentido, sostuvo que en algunas de esas jurisdicciones la elaboración de las normas contó con la participación de diferentes sectores relacionados con la Justicia e incluso de representantes de la sociedad.
Wamba Ortiz también señaló diferencias entre el modelo riojano y el Código de Ética Judicial de Córdoba, pese a que el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia local menciona a esa provincia como uno de sus antecedentes.
La conformación del Tribunal de Ética
Uno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista estuvo relacionado con la conformación del Tribunal de Ética Judicial, organismo que deberá intervenir ante eventuales incumplimientos de las normas establecidas.
La abogada consideró que resulta fundamental conocer quiénes serán sus integrantes y cómo serán seleccionados.
En ese sentido, valoró el modelo cordobés, donde participan abogados y magistrados jubilados, al considerar que su condición de personas ajenas al ejercicio activo de la función judicial puede contribuir a garantizar mayor independencia e imparcialidad.
La independencia judicial, en debate
Durante la entrevista también se planteó la preocupación por la independencia del Poder Judicial en La Rioja y su relación con el poder político.
Wamba Ortiz coincidió con el planteo y remarcó la importancia de conocer cómo será integrado el Tribunal de Ética para garantizar que pueda actuar con independencia.
Además, señaló que el Código de Ética riojano diferencia de manera insuficiente las normas deontológicas del poder disciplinario, ya que el Tribunal de Ética podrá investigar y dictaminar, pero la decisión final quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia.
El desafío de evitar el “dedismo”
Finalmente, la abogada sostuvo que la implementación del Código de Ética debe estar acompañada por una selección adecuada de quienes tendrán a su cargo su aplicación.
“Queremos que los que vayan sean las personas idóneas”, afirmó, y planteó la necesidad de evitar prácticas de selección basadas en vínculos personales dentro del Poder Judicial.
Para Wamba Ortiz, el desafío será que el nuevo Tribunal de Ética genere confianza y pueda garantizar el cumplimiento de las normas sin que su funcionamiento quede condicionado por intereses políticos o internos
