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Se trata de Juan Cruz Montero. Además, la síndica General, Florencia Zicavo, dejó su puesto por razones personales. La reemplazante es cercana a Santiago Caputo.
Miércoles 02 de Septiembre de 2026
18:02 | Miércoles 02 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Gobierno confirmó este miércoles cambios en la estructura del PAMI, la obra social más grande del país, con la salida de Juan Cruz Montero de la Coordinación Ejecutiva. En su lugar, asumió Verónica Pérez, abogada cercana a Santiago Caputo y escribana que se desempeñaba como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) del organismo en San Martín.
El movimiento, que ya venía anticipándose en los últimos días puertas adentro del PAMI, se efectivizó este miércoles al finalizar la transición de la nueva funcionaria. En un gesto para mostrar respaldo y continuidad política, Pérez llegó acompañada de Santiago Caputo al momento de ser presentada ante los equipos de las diferentes áreas.
El asesor presidencial tiene incidencia en el organismo a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, padre del socio de Caputo en la consultora MOVE, Rodrigo Lugones.
Según explicaron a TN fuentes oficiales, la renuncia de Montero responde a su decisión de abocarse completamente en las próximas semanas a su proyecto para competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarfield. El ahora exfuncionario integra la lista opositora ADN Azul y Blanco, que se presentará en los próximos comicios pautados para el 7 de noviembre.

Su salida se vio acompañada de la renuncia de Florencia Zicavo, la síndica General del PAMI, quien había llegado con Montero a la gestión tras el paso de ambos por la Secretaría de Justicia en los tiempos de Sebastián Amerio. Hasta ahora no fue confirmado su reemplazante.
Desde el organismo aseguraron que su renuncia fue por motivos estrictamente personales y rechazaron las versiones sobre un supuesto conflicto con la cúpula que integran Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo.
“Cualquier roce interno o comando difuso genera que en el instituto no se pueda trabajar de la manera más ordenada. Esta es una institución que avanza y es infrenable desde el punto operativo. Todos los días entran miles de afiliados con una demanda y lo tenés que resolver”, sostuvo un funcionario que conoce el día a día de la gestión a este medio.
En ese sentido, desde el Gobierno aseguraron que tanto Montero como Zicavo “agradecieron la oportunidad, se despidieron del equipo y se encuentran a disposición para acompañar y contribuir con las nuevas autoridades en lo que fuera necesario para dar continuidad a las políticas públicas impulsadas en el organismo”.
Abogada y escribana de profesión, Pérez llegó al tercer cargo de mayor importancia del organismo tras dirigir la Unidad de Gestión Local VIII de San Martín. “Es un excelente cuadro de gestión. De las 38 UGL que tenemos, es el mejor cuadro posible”, enfatizaron a este medio desde el organismo.
En ese contexto de transición, que se realizó entre este lunes y el martes, en PAMI descartaron que su llegada implique más cambios en la estructura del organismo, lo cual refuerza la imagen de continuidad que comunicaron desde el Ejecutivo.
Leé también: El Gobierno relativiza las críticas de la UIA y descarta hacer cambios en el rumbo económico
“Es de la vieja política llegar y barrer con el equipo existente. Hay mucho cuadro técnico en los equipos de gestión. Gente de carrera administrativa. Nos seguimos manejando así”, remarcó un funcionario del área, y agregó: “La línea de gobierno es la misma”.
Los cambios en el organismo se produjeron en medio de una protesta de un sector de prestadores privados, que a fines de agosto protagonizaron una nueva medida de fuerza. El paro, impulsado por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), afectó la atención en más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza durante 48 horas, el pasado 27 y 28 de agosto, y solo garantizó la asistencia de emergencias de máxima gravedad.
Desde el sector reclamaron una actualización de los aranceles que reciben por sus prestaciones y denunciaron demoras en los pagos por parte de la obra social, en un cuadro que calificaron de “extrema fragilidad” financiera. La protesta llegó apenas días después de una medida similar de instituciones privadas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.
Sin embargo, desde el organismo rechazaron de plano la versión de un conflicto de pagos con los prestadores. En diálogo con TN, fuentes de PAMI aseguraron que la relación con las clínicas “está al día” y que los llamados al paro eran “todos falsos”, al sostener que no existen cortes de prestaciones ni deuda pendiente.
En ese sentido, aseguraron que la adhesión a la medida de fuerza alcanzó apenas a un 2% de los prestadores del país, y prefirieron hablar de “incumplimiento de contrato” antes que de un paro, dado que las clínicas están obligadas a brindar atención.
En ese contexto, el organismo mantuvo una reunión con las cámaras de clínicas de todo el país y afirmaron que hay un “diálogo permanente” con el sector. En esas negociaciones, si bien afirmaron estar trabajando en un ajuste del valor del nomenclador para responder al reclamo, remarcaron que cualquier incremento debe ser “sostenible en el tiempo” para no comprometer las cuentas de la obra social.
En cuanto a los pagos, desde PAMI insistieron en que no hay atrasos respecto de gestiones anteriores: explicaron que a través de una transferencia de letras del Tesoro fue saldada la deuda acumulada en el primer semestre y enfatizaron que se cumple la agenda de pagos a 60 días, un esquema que —remarcaron— fue heredado de la gestión previa y no una modificación propia.
Quién es Verónica Pérez, la nueva Coordinadora Ejecutiva del PAMI
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