El abogado Christian Matzkin explicó los alcances del DNU provincial ratificado por ley, que establece una suspensión temporal de determinadas ejecuciones vinculadas a créditos de consumo.
19:55 | Miércoles 02 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La aplicación del DNU provincial que establece la emergencia económica, crediticia y social vinculada a operaciones de crédito para consumo comenzó a generar consultas y movimiento en los tribunales de La Rioja. La norma, ratificada por la Ley 10.901, dispone la suspensión por 180 días de determinadas ejecuciones relacionadas con préstamos y contratos de consumo.
En diálogo con Fenix, el abogado Christian Matzkin explicó que la medida apunta principalmente a situaciones de presunta usura y préstamos abusivos, donde existe una diferencia desproporcionada entre el monto entregado y el dinero que finalmente se pretende cobrar. Señaló que muchas personas recurren a este tipo de financiamiento informal ante la necesidad de afrontar gastos cotidianos, como alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas.
Según explicó, la normativa produjo un freno temporal en determinados procesos de ejecución y en la tramitación de expedientes relacionados con este tipo de operaciones. En el ámbito judicial, indicó que existen particulares y establecimientos que recurren habitualmente a la ejecución de pagarés para reclamar el pago de préstamos.
Matzkin recordó que este tipo de ejecuciones pueden alcanzar tanto los salarios como los bienes de los deudores. En el caso de trabajadores, existen mecanismos judiciales que permiten disponer embargos sobre los ingresos, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
Uno de los puntos que el abogado consideró necesario aclarar es que la suspensión de las ejecuciones no significa que las deudas desaparezcan. La persona que tiene una obligación pendiente continúa siendo deudora y la normativa no implica que deje de existir el compromiso de pago.
“Es como parar la pelota y ver para dónde la vamos a mover”, explicó Matzkin al referirse al período de 180 días establecido por la medida.
El abogado sostuvo que el objetivo de la intervención estatal es generar un espacio para analizar las situaciones vinculadas con el mercado informal del crédito y brindar herramientas frente a posibles casos de usura, especialmente cuando los préstamos terminan comprometiendo ingresos de personas que ya se encuentran en una situación económica vulnerable.
Además, destacó que la normativa incorpora la intervención de la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor. Según explicó, cuando ese organismo toma conocimiento de una situación que podría constituir un delito de usura, tiene la obligación de realizar la denuncia de oficio.
Matzkin también remarcó que las personas que consideren que fueron víctimas de usura deben realizar la correspondiente denuncia para que se active el sistema judicial. Señaló que existen vías tanto ante la Fiscalía como ante la Justicia para investigar este tipo de situaciones.
Sin embargo, el abogado planteó reparos sobre algunos aspectos de la norma y advirtió que deberán analizarse sus alcances desde el punto de vista constitucional y convencional. Consideró que el objetivo de combatir la usura puede resultar atendible, pero sostuvo que la provincia debe respetar los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, señaló que existen materias que forman parte del poder de policía provincial, mientras que otras cuestiones podrían exceder esas facultades. Matzkin recordó que existen antecedentes judiciales en los que se establece que las provincias no pueden legislar sobre determinadas materias que corresponden a competencias de carácter nacional.
Por este motivo, sostuvo que algunos aspectos de la medida podrían terminar siendo objeto de planteos judiciales y de un análisis sobre su constitucionalidad.
Mientras tanto, el Consejo de Abogados de La Rioja prevé analizar la situación en una reunión en la que se abordará el impacto de la suspensión de las ejecuciones y la posición que adoptará la institución frente a la aplicación de la nueva normativa.
