La Defensoría Pública de Víctimas lleva nueve años sin cubrir su cargo en La Rioja

10:29 | Jueves 10 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Defensoría Pública de Víctimas de La Rioja continúa sin un titular desde hace aproximadamente nueve años, una situación que podría comenzar a resolverse durante los próximos meses a partir del avance del proceso de selección del cargo.

El nuevo defensor público oficial ante el Tribunal Oral Federal, José Nicolás Chumbita, explicó que el Ministerio Público de la Defensa contempla dentro de su estructura una dependencia específica destinada a asistir a víctimas de delitos.

“La Defensoría Pública de Víctimas tiene previsto dentro de su estructura general una defensoría pública de víctimas”, explicó.

Según detalló, el proceso para cubrir ese cargo comenzó luego de la creación de la figura y lleva varios años de tramitación. “El concursamiento y la cobertura de ese cargo se está tramitando desde el año 2017”, indicó.

Chumbita señaló además que recientemente se produjo un avance concreto en el procedimiento para cubrir la vacante. “Se envió al Senado el pliego de la doctora Julieta Iváñez Arrieta”, informó.

La profesional fue postulada para ocupar el cargo y, de acuerdo con lo explicado por el funcionario, resta avanzar con las instancias institucionales correspondientes antes de una eventual designación.

“Esperemos que este año se dé la cobertura ya del cargo”, sostuvo Chumbita al referirse a la posibilidad de que finalmente La Rioja cuente con una defensora pública de víctimas.

Mientras el cargo permanece vacante, la asistencia no queda completamente suspendida. “En el caso de La Rioja tenemos la Defensoría Pública de Víctima de Catamarca”, explicó.

Según detalló, esa dependencia interviene cuando se cumplen los requisitos establecidos para acceder a la asistencia letrada.

Chumbita también explicó por qué la Defensa Pública que representa a personas acusadas no puede asumir simultáneamente la representación de las víctimas en una misma causa. “Nosotros por una cuestión de conflicto de intereses no podemos cumplir ese doble rol”, señaló.

El funcionario destacó que la existencia de una defensoría específica resulta relevante para garantizar el acceso a la justicia de quienes sufrieron un delito y necesitan representación legal durante el proceso.

“La institución sí prevé esa tarea”, remarcó al referirse a la asistencia pública destinada específicamente a las víctimas.