Boletín Oficial: Designan a la nueva titular de la Defensoría Pública Oficial de La Rioja

10:12 | Domingo 27 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El tablero judicial federal del interior completó un casillero estratégico para el servicio de garantías constitucionales. La Defensoría General de la Nación oficializó la designación de María Virginia Jalil Colomé como titular de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, cargo que asumirá de forma operativa el 1 de octubre.

La medida quedó plasmada en la Resolución 1146/2026 del Boletín Oficial, suscripta por el Defensor General interino, Julián Horacio Langevin. El enroque responde a la vacante originada por el decreto presidencial 881/2026, que promovió a José Nicolás Celestino Chumbita como Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal riojano.

Ajuste de haberes y competencia multifuero

Jalil Colomé se desempeñaba como defensora oficial federal del interior con asiento en Villa Mercedes, San Luis, tras la implementación del Código Procesal Penal Federal. Al pedir el traslado a La Rioja en el marco del artículo 33 de la Ley 27.149, la magistrada aceptó de manera expresa percibir la remuneración de primera instancia, aun cuando ello represente una reducción en sus haberes mensuales.

El movimiento institucional consolida la estructura letrada pública en un distrito que tramita causas de alta sensibilidad técnica y política. La Defensoría de Primera Instancia posee competencia multifuero, interviniendo en expedientes de narcotráfico, trata, delitos tributarios, amparos previsionales y demandas patrimoniales contra el Estado.

La designación permite cubrir una vacancia clave sin recurrir a subrogancias prolongadas que dilaten el servicio de justicia en las provincias. Al mismo tiempo, el organismo declaró vacante el cargo federal en San Luis para su posterior cobertura institucional.

La asunción de Jalil Colomé aporta certidumbre al funcionamiento del fuero federal riojano, garantizando la asistencia jurídica técnica y el debido proceso en un escenario de creciente litigiosidad judicial en la región.

La resolución