El Gobierno apelará el fallo que declara inconstitucional el decreto que frenó la ley de financiamiento universitario

16:19 | Martes 06 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno de Javier Milei apelará el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.

El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

Se ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito judicial.

La puja entre el Gobierno y las universidades por la ley de financiamiento

El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Pero después de que el Congreso rechazara el veto presidencial y mantuviera vigente la ley de financiamiento universitario, el Gobierno avanzó con un decreto para establecer condiciones a la ejecución de los fondos previstos por la normativa.

La Casa Rosada había intentado inicialmente frenar la aplicación de la ley mediante el veto. Sin embargo, ante el rechazo del Congreso y la ratificación de la norma, el Ejecutivo dispuso posteriormente que el financiamiento destinado a las universidades solo pudiera ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Entre los fundamentos de su decisión, el magistrado puso el foco en dos antecedentes vinculados con la aplicación de la ley. Por un lado, recordó que ya se encontraba vigente una medida cautelar que ordenaba cumplir con los artículos referidos a salarios y becas.

A ese antecedente sumó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto de la normativa. Según ese cálculo, el costo de la ley durante 2025 equivalía a sólo el 0,23% del PBI.