Qué es una reestructuración de la deuda externa y por qué la Argentina podría necesitarla

11:44 | Sábado 24 de Agosto de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En los últimos meses las declaraciones de candidatos, dirigentes políticos, analistas económicos e informes de bancos de inversión internacionales comenzaron a incluir una frase particular para hablar del horizonte económico argentino: reestructuración de deuda. El nivel de pasivos que acumuló el Estado en los últimos años, incluyendo el préstamo del FMI, obligará al país a devolver unos U$S178.000 millones durante el próximo mandato presidencial, según datos oficiales.

Esa situación puso en alerta a los inversores que poseen bonos argentinos. Los derrumbes en los precios de los títulos públicos durante las últimas semanas están ligados, en parte, a esa expectativa. ¿El próximo presidente pagará en tiempo y forma y tal como estaba pactado en el contrato o cambiará las condiciones? Este tipo de preguntas en el mercado fueron las que provocaron ventas masivas de activos nacionales. El remate de títulos llegó a tal punto que el Bonar 2020, un bono en dólares que vence en octubre del año que viene, le ofrece a quien lo adquiera ahora un rendimiento de más del 60% en poco más de 12 meses.

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sugirió la idea de reestructuración este último domingo en una entrevista al diario Clarín. "Hablaré con los acreedores a ver qué podemos hacer. La verdad es que estas cosas son negociaciones (sic). No hace falta discutirlas teóricamente. Hay que sentarse a discutir uno por uno, como hicimos con la deuda en su momento. Acuérdense de que nosotros le pedimos a los tenedores de bonos que acepten una quita del 75% y era una discusión de uno por uno", dijo, en referencia a las negociaciones con inversores en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Al día siguiente, en Wall Street los bonos argentinos cayeron más de 6%. Horas después, el referente económico de Fernández, el exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen, tuvo que salir a desmentirlo. "No planeamos reestructurar la deuda", aclaró y apuntó a que si el Frente de Todos llegara al poder buscará "evitar conflictos con los tenedores de bonos".

El jueves, en el seminario "Democracia y Desarrollo" de Clarín, Fernández cerró la idea. "La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente, es muy dañino, nadie lo puede querer, nos atrasa, nadie puede plantear seriamente una quita. Este fantasma que ha sido alentado por el Gobierno es un error", sostuvo.

En todo caso, no sería la primera vez que la Argentina tuviera que sentarse a negociar una reestructuración con tenedores de bonos. Las últimas dos ocasiones en que lo hizo, en 2005 y 2010, necesitó rediscutir todos los títulos públicos que habían sido impagos tras la declaración de cesación de pagos de diciembre de 2001, el default más grande de la historia global.

Ahora bien: ¿qué es una reestructuración?

Existen distintos términos para explicar el abanico de posibilidades que tiene un Gobierno para administrar sus deudas. Algunas opciones incluirán necesariamente una pérdida para el inversor y en otras, solo un aplazamiento en el tiempo de pago. Qué salida tomará cada Estado dependerá de qué tan grande sea su problema de solvencia y de la capacidad de afrontar sus compromisos.

Según explica el abogado y experto en deuda soberana, Matías Isasa, la diferencia principal entre una reestructuración y una refinanciación es que la primera opción implicará una pérdida para el poseedor de ese título. "Necesariamente en una reestructuración un Gobierno va a ofrecer algo con un valor menor al que tiene en la actualidad. Una reestructuración suele darse en situaciones en que sea inminente o haya sucedido un default", comentó.

La refinanciación, por el contrario, es considerada una solución más "amistosa" para el mercado, ya que estaría basada en una reprogramación de los pagos. Los Estados tienen un menú de opciones a las cuales acudir. Una sería, como sucedió con la deuda argentina en 2005 y 2010, canjear bonos "viejos" por nuevos con condiciones de pago distintas, que sean lo suficientemente atractivos para el inversor pero que sirvan para descomprimir la urgencia del país.

Otra variante es alargar los plazos de pago. De esa forma, un tenedor del bono no afrontaría un pérdida de capital, pero recibiría el dinero en un mayor lapso de tiempo. En otros casos, también, los gobiernos ofrecen recompras de títulos públicos. En otros el soberano directamente dispone una quita en el monto de capital de los bonos, que los inversores terminan por aceptar ante la disyuntiva de quedarse sin nada. En muchas ocasiones la resolución termina mezclando muchas de estas variantes al mismo tiempo.

El Gobierno argentino llegó a un acuerdo, en 2005 y 2010, con el 93% de los tenedores de bonos que habían caído en default. El recorte de capital que tuvieron que admitir los bonistas fue de 66,3%, con el título público Discount. Esa magnitud de quita marca la gravedad que tuvo el default de 2001.

"La reestructuración en sí es algo muy negativo. Los gobiernos tratan de evitarla en la medida que pueden. La Argentina no está en un escenario de reestructuración y debería analizar otras opciones. Hay un tema de fondo y es que el nuevo gobierno va a tener que lograr un cambio en las expectativas, que incluya un programa razonable, acorde con lo que el mercado espera, sin una economía cerrada. Y en ese contexto, analizar estrategias de 'reperfilamiento', una operación que permita liberar el peso de la deuda, pero bajo esquema voluntario", concluyó Isasa.

¿Cómo se hace?

Los bonos de un país pueden estar en manos de una innumerable cantidad de inversores, incluyendo bancos, grandes fondos y tenedores minoristas. Los gobiernos tienen distintas estrategias de "acercamiento" a los acreedores para renegociar.

"Generalmente los países lo que hacen es apoyarse en grandes bancos de inversión, que son los que saben quiénes son los tenedores de esa deuda. A veces en algunos casos, como el griego, los acreedores crean comités y toman la posta para negociar", explicó Isasa. "Es un proceso mutuo, el inversor también tiene intenciones de sentarse a negociar. Los gobiernos incluso contratan asesores financieros para que identifiquen con quién tienen que hablar", abundó.

En este proceso de diálogo con los inversores, de todas formas, los tenedores minoristas quedan afuera. "En general no participan, no hay forma de que lo puedan hacer. El soberano se sienta a negociar con los acreedores más representativos", comentó el abogado. Si llegara a haber un cambio en las condiciones de pago del bono, los inversores particulares solo podrían aceptarlo, sin haber tenido voz ni voto en las conversaciones.

En algunos casos, incluso, los encuentros con bonistas requieren puestas en escena muy particulares. Un exfuncionario del ministerio de Hacienda en las épocas del canje de deuda de 2005 recordó que el entonces secretario de Finanzas y actual asesor de Alberto Fernández, Guillermo Nielsen, que encabezó las negociaciones, tuvo que viajar a Japón y pedir que le abran un teatro para exponer ante el numeroso grupo de tenedores de deuda. Entre los más de 150 bonos que cayeron en default en 2001 había algunas series emitidas en yenes.

El mismo funcionario rememoró que el proceso de negociación fue "muy largo y muy complejo", y que incluyó viajes permanentes a Estados Unidos y Europa y que incluyó el lobby de algunos grupos de bonistas poderosos que buscaron bloquear los canjes de deuda para negociar otras condiciones o para hacer juicios en cortes internacionales.

Según explican fuentes del mercado financiero, los títulos públicos argentinos en la actualidad están mucho menos expuestos a fondos buitre en comparación con lo que sucedió tras el default de 2001. El modus operandi de los buitres, en general, es comprar bonos a precio de remate ante situaciones de default o de crisis de deuda y exigir luego en tribunales el pago completo sin ninguna condición distinta a la original.

"El riesgo siempre está, pero los bonos actualmente cuentan con cláusulas de acción colectiva más flexibles que permiten encontrar 'mayorías' de manera más fácil y evitar la presencia de holdouts, es decir de bonistas que elijan no aceptar un acuerdo firmado por la mayor parte de los tenedores", apuntaron desde una importante sociedad de bolsa.

Fuente: TN